nacionales

Petroecuador, sin vía expedita para contratar nuevo seguro

feature image

Petroecuador es una de las entidades del Estado que tuvo problemas con Seguros Sucre. Foto Archivo

EP Petroecuador, con activos por más de $ 6.000 millones, al momento no tiene una vía expedita para asegurar sus bienes, tras la decisión del Ejecutivo 82 de liquidar a la aseguradora estatal. La empresa que en cinco años ha hecho al menos 18 extensiones de póliza con Sucre, perdería la cobertura en septiembre del 2021, que es cuando fenece la última de las extensiones pactadas. Es que el camino de la extensión de póliza está ya prohibido por el decreto antes mencionado, pero el inicio de una nueva licitación también se le complica.

Esto porque en el último intento que hizo la empresa por realizar una licitación, los enredos llevaron a que las tres empresas participantes (Seguros Sucre, Latina Seguros e Hispana Seguros) le interpusieran acciones de protección y medidas cautelares. La última de Hispana aún debe resolverse por parte de las autoridades de justica correspondientes y mientras esto no suceda Petroecuador no puede iniciar una nueva licitación.

Petroecuador vivió los dos últimos años una serie de procesos fallidos intentando llevar adelante un nuevo proceso licitatorio y terminó pidiendo una nueva extensión retroactiva a Seguros Sucre. Había dudas sobre si la aseguradora estatal podía participar teniendo una deuda de $ 32 millones con Petroecuador, que Seguros Sucre negaba. El exministro de Energía René Ortiz pidió días antes de que se acabara el gobierno que se investigue si Petroecuador ha registrado contratos relacionados con Seguros Sucre, que están bajo investigación de la justicia de EE. UU. por sobornos a la aseguradora a cambio de contratos de reaseguros internacionales.

Petroecuador no es la única empresa que ha registrado problemas con Seguros Sucre. Deudas, incumplimientos de coberturas y precios más altos de las primas han sido parte de los problemas que generaron los conflictos en al menos otras cuatro entidades del sector público: TAME, Fuerzas Armadas, eléctricas y el Biess, como parte de la banca pública. Sin embargo, las empresas públicas reincidían en la contratación o en las extensiones de las pólizas existentes.

En 2009, Seguros Sucre fue nombrada como la aseguradora exclusiva del Estado por una orden directa de la Presidencia (circular emitida por Alexis Mera) y en noviembre del 2010 ya se conoció un caso inédito. Las operaciones aéreas de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) se vieron en riesgo por la “inexistencia de un contrato firmado entre el Ministerio de Defensa y Seguros Sucre, por la póliza del casco y responsabilidad civil de los aviones militares”. De acuerdo con la información de ese momento un oficio confidencial dirigido por el entonces ministro de Defensa, Javier Ponce, al gerente de Seguros Sucre, Maximiliano Donoso, revelaba que “no existe legalmente suscrito ningún contrato de seguros o póliza” con el Ministerio de Defensa.

El lío se diluyó, y luego de un tiempo se llamó a una nueva licitación, conflictiva, en la cual resultó ganadora Aseguradora del Sur. Más tarde volvió Seguros Sucre.

En los últimos tiempos, en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 en Ecuador (mayo 2020), las aeronaves de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) suspendieron sus operaciones por falta de cobertura de Seguros Sucre. En esta ocasión fue por falta de pago desde el Ministerio de Economía.

Otro caso sonado fue el ocurrido en 2016 cuando una aeronave de TAME perdió pista en el aeropuerto de Cuenca, la nave estaba asegurada por $ 27 millones, pero a la hora del pago del siniestro Seguros Sucre dijo que cumpliría solo con $ 20 millones.

CNEL y Seguros Sucre se vieron envueltos en una disputa a raíz del terremoto de abril del 2016. El sismo destruyó instalaciones eléctricas en las provincias de Manabí, Esmeraldas y Santo Domingo. Para la Corporación, el tendido de subtransmisión y distribución, así como el resto de plantas y equipos, estaban incluidos, por lo que la aseguradora debía reconocer todos los daños. Para Seguros Sucre, el seguro solo cubría las instalaciones de la CNEL que están en sus edificios o zonas aledañas. En septiembre del 2020, el segundo Tribunal Contencioso de Guayaquil consideró que Seguros Sucre debe pagar $ 39 millones a CNEL, pero la decisión no es de última instancia.

Entre tanto, en agosto del 2019 se destapó el escándalo en el sentido de que Seguros Sucre adeudaba al Biess $ 61,8 millones, pues tras la renovación de una póliza de seguro de desgravamen que contrató el Biess en 2016, se establecía una cláusula de devolución “por buena experiencia” por parte de Seguros Sucre. En junio del 2019, la subgerencia de Operaciones ratificaba al gerente del Biess que continuaban pendientes valores por $ 61,8 millones. El caso tomó relevancia cuando se conoció que el Biess le otorgó un nuevo contrato a Seguros Sucre pese a que su oferta era mayor en $ 13 millones a la presentada por la otra empresa participante, que era Hispana. En la actualidad, el Biess permite a sus clientes escoger para seguros hipotecarios Seguros Sucre e Hispana.

La Central Coca Codo Sinclair y la infraestructura que pudiera ser afectada por la erosión regresiva actualmente se encuentra sin cobertura de seguros, debido a que Seguros Sucre estableció que todos los siniestros a consecuencia de este fenómeno ya no son eventos inciertos, sino riesgos ciertos. (I)

Fuente: El Universo