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Quito tendrá jueces contra la corrupción y el crimen organizado

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Solo falta la decisión del Ejecutivo. Si las reformas entran en vigencia en noviembre de 2020, los primeros casos a tratar por los nuevos magistrados serán los relacionados con la corrupción durante la emergencia sanitaria en Ecuador.

El presidente Lenín Moreno tiene 26 días para analizar el paquete de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).

La Función Ejecutiva debe decidir si aprueba el proyecto que envió la Asamblea, lo corrige parcialmente o lo veta totalmente y bloquee su tratamiento por un año. Mapa electoral: cuánto pesa el voto de las 24 provincias Se trata de una norma que tiene 65 artículos y plantea varios cambios a la Función Judicial. Hay apartados polémicos como la evaluación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia.

También variantes de forma. Y un grupo de variantes estructurales en las que, aparentemente, ya hay un acuerdo para que entren en vigencia.

Se trata de la creación de unidades distritales, tribunales y salas penales especializadas en corrupción y crimen organizado.

Esta reforma fue planteada desde dos vertientes. Primero, el propio Consejo de la Judicatura (CJ) hizo una propuesta que, finalmente, fue de la que se sacó la mayoría del contenido aprobado por la Asamblea Nacional. Pero, además, el Gobierno, a través de la Secretaría Anticorrupción, hizo una propuesta similar que fue presentada por Iván Granda y que nutrió el debate de las reformas.

César Litardo, presidente de la Asamblea, recibió el Proyecto de Reformas a la Ley de la Función Judicial por parte de Ivan Granda, secretario Anticorrupción, el 2 de septiembre de 2019.
César Litardo, presidente de la Asamblea, recibió el Proyecto de Reformas a la Ley de la Función Judicial por parte de Ivan Granda, secretario Anticorrupción,
el 2 de septiembre de 2019 Flickr / Asamblea

Por esta razón, luego de que la propuesta proviniera del Ejecutivo y la Función Judicial y la Asamblea la aprobara, no existen indicios de que pueda haber un veto en este sentido y será prácticamente una realidad su entrada en vigencia.

Desde Quito hacia el resto del país

Según el documento enviado por la Asamblea a la Presidencia de la República, la sede de carácter nacional de los jueces de garantías penales especializados en el juzgamiento de los delitos relacionados con corrupción y crimen organizado estará en Quito.

El CJ, mediante una resolución, será el organismo encargado de determinar cuántos jueces conformarán dicho Tribunal. Pero, además, tendrá la facultad de crear nuevas jurisdicciones en otras zonas del país, dependiendo de la carga del trabajo.

Los nuevos jueces actuarán en relación con los delitos contra:

La humanidad
Los derechos de libertad
Los derechos de la propiedad
La eficiencia de la administración pública
Los delitos económicos
La producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización
Los recursos mineros
Contra la actividad hidrocarburífera, derivados de hidrocarburos, gas licuado petróleo y biocombustibles
Contra la estructura del estado constitucional
Terrorismo y financiación

Los jueces distritales actuarán como tribunales de primera instancia. Para los niveles de segunda instancia o casos con fuero de corte provincial, en cambio, actuará la Corte Provincial de Pichincha.

Y para casos nacionales o de casación en el paquete se incluyó otra reforma. En el artículo sobre la conformación de las salas de la Corte Nacional se cambia la denominación de la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito. Ahora se aumenta la Corrupción y el Crimen Organizado.

Casos de connotación

Según el Consejo de la Judicatura, el objetivo de esta reforma y la creación de estos tribunales es que los casos que generan conmoción social y traen consigo grandes y nocivas consecuencias para el país sean tratados por magistrados especializados.

Si la reforma entra en vigencia en noviembre de 2020, los primeros casos que serán tratados por los jueces anticorrupción serán los relacionados a la corrupción durante la emergencia sanitaria, que todavía están en etapa de investigación.

Los casos por corrupción son unos de los pocos que aumentaron en el país durante la emergencia sanitaria. El peculado, que se refiere a los servidores públicos que se apropian o dispongan arbitrariamente de bienes o fondos públicos, tuvo un incremento del 25,1%.

Y la concusión, que se refiere a los servidores que abusando de su cargo exijan pagos ilegales, tuvo un crecimiento del 7,4%.

El incremento de casos de corrupción, durante la emergencia sanitaria, además originó que la Fiscalía cree la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria que se dedica solo a este tipo de procesos.

Estas son las cifras de los presuntos delitos de corrupción durante la emergencia.

Datos del 1 de marzo al 31 de agosto de 2020

Fuente: Primicias