Se prevé rápido lanzamiento de la vacuna Pfizer contra el covid-19 en América Latina

La farmacéutica Pfizer espera desplegar rápidamente su vacuna contra el covid-19 en América Latina después de que los reguladores de salud de Estados Unidos autoricen su uso de emergencia, lo que podría suceder el próximo mes, dijo el viernes 20 de noviembre del 2020 un ejecutivo de alto rango de la compañía.

Alejandro Cané, el jefe de Investigación Científica y Asuntos Médicos de la División de Vacunas de Pfizer, dijo a Reuters en una entrevista en Argentina que los países de América Latina y otras regiones deberían tener «líneas de tiempo similares» a las de Estados Unidos. «La idea es tener la vacuna autorizada en Estados Unidos», sostuvo Cané en Buenos Aires.

«Estamos seguros de que en las próximas semanas o meses vamos a tener la vacuna no solo en uso en Estados Unidos y Europa, sino también en países de América Latina». Pfizer dijo que pedirá a los reguladores estadounidenses que autoricen el uso de emergencia de su vacuna contra el covid-19, la primera solicitud de este tipo y un paso crucial para ofrecer protección contra el coronavirus.

«Estamos esperando comentarios de la FDA para tener una reunión con el Comité Asesor sobre Vacunas y Productos Biológicos Relacionados (VRBPAC, por su sigla en inglés) y después una potencial autorización para el uso de emergencia», explicó Cané. «De esa manera, la vacuna podría usarse y distribuirse en Estados Unidos», agregó, y estimó que la autorización podría darse una o dos semanas después de la reunión con el Comité.

Cané dijo que Pfizer tenía acuerdos de suministro con Chile, México y Perú y que hay otras conversaciones en curso.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, sostuvo esta semana que en diciembre podría llegar al país su vacuna. La farmacéutica estadounidense y su socio alemán BioNTech han informado los resultados finales del ensayo, que muestran que la vacuna fue 95% efectiva en la prevención de covid-19 sin mayores problemas de seguridad.

Cané dijo que Pfizer estaba lista para suministrar y distribuir alrededor de 50 millones de dosis de la vacuna antes de fines de 2020 y que se dividiría entre Estados Unidos y el resto del mundo.

La empresa tiene como objetivo suministrar alrededor de 1 300 millones de dosis para fines del próximo año, agregó, y explicó que la vacuna demostró una alta eficacia en diferentes etnias.

En cuanto a la necesidad de la vacuna de mantenerse a temperaturas ultrabajas, lo que genera complicaciones en regiones menos desarrolladas como América Latina, Cané explicó que la firma espera tener una segunda generación de la vacuna para el 2022.

«Sabemos que es complicado en comparación con otras vacunas, pero estamos en medio de una situación pandémica y estamos tratando de brindar la solución más eficaz de la manera más rápida», explicó.

En América Latina, varios países tienen acuerdos para obtener dosis de la vacuna rusa Sputnik V y de otras empresas como la británica AstraZeneca Plc y la china Sinovac Biotech.

Fuente: El Comercio

Vacunar al 20 % población en América Latina costará USD 2 000 millones

Vacunar al 20 % de la población de América Latina y el Caribe costará más de 2.000 millones de dólares, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que instó este miércoles a considerar las vacunas como una inversión «inteligente y necesaria».

«Sabemos que la entrega de una vacuna será desafiante y costosa», declaró el subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, en una rueda de prensa. «De hecho -añadió-, las últimas proyecciones de COVAX Facility para América Latina y el Caribe estiman que vacunar al 20 % de la población costará más de USD 2 000 millones».

El funcionario se refería así a las estimaciones hechas por el mecanismo global de adquisiciones de COVAX Facility, una alianza global de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a la que se han unido varios países para facilitar la distribución equitativa de las futuras vacunas contra el virus.

Pese a las «buenas noticias» recientes sobre el desarrollo de posibles vacunas contra la covid-19, Barbosa advirtió que solo una «que haya demostrado ser segura y eficaz será aprobada por los organismos reguladores, respaldada por la OMS y, en última instancia, puesta a disposición a través de COVAX».

«Así que todavía queda mucho por hacer», aclaró. Alianzas para la vacunación Unos 180 países se han unido a COVAX Facility y tienen garantizadas dosis iniciales de la vacuna para cubrir al menos el 3 % de su población en las primeras fases, con el objetivo de llegar al 20 % suficiente para proteger a las personas con mayor riesgo.

Por otro lado, Barbosa alertó de una caída de las tasas de vacunación contra otras enfermedades, debido a la pandemia. «Este año, nueve países de la región de las Américas notificaron un total de 8 479 casos de sarampión, incluidas ocho muertes, y cinco países notificaron 56 casos de difteria, incluidas 16 muertes.

Ambas enfermedades se pueden prevenir completamente con vacunas», agregó el responsable de la OPS, quien defendió las vacunas como «un bien público mundial». Respecto a las cifras de la pandemia, Barbosa indicó que en la última semana en la región de las Américas se informó de cerca de 1,5 millones de casos y 19 000 muertes.

Desde el comienzo de la crisis sanitaria, apuntó el subdirector de la OPS, más de 23 millones de personas han contraído la enfermedad y más de 680.000 han perdido la vida en la región. Barbosa observó que Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia, «sigue siendo un importante impulsor de nuevas infecciones», con más de un millón de nuevas infecciones confirmadas solo en la última semana.

Apuntó que México ya ha superado el millón de casos, mientras que en Canadá el repunte de la enfermedad continúa. El responsable de la OPS quiso llamar la atención sobre Centroamérica, que tras haber sido golpeada por el huracán Eta, sufre el impacto de otro fenómeno, Iota, lo que, según el funcionario, puede amenazar la respuesta regional a la pandemia.

«Los países deben permanecer alerta. Todos los países deben seguir monitoreando su situación epidémica y, si surgen nuevas infecciones, deben adaptar sus respuestas rápidamente para prevenir nuevos brotes», recomendó.

Fuente: EFE

17 universidades del Ecuador en el ranking de las mejores en América Latina

17 instituciones de educación superior del Ecuador forman parte del ‘Ranking Universitario de América Latina 2021’ presentado por la clasificación mundial de Quacquerelli Symonds (QS).

Según el listado publicado el miércoles 11 de noviembre del 2020 en el sitio web QS, el ranking regional utiliza cinco criterios básicos: impacto y productividad de la investigación, compromiso docente, empleabilidad, impacto online y la internacionalización.

Un total de 410 universidades aparecen en el ranking de la clasificación regional de universidades QS.

La información menciona que el método conserva los indicadores clave de la clasificación global como la reputación académica, la reputación del empleador y la proporción de profesores y estudiantes, pero también considera un conjunto de métricas de desempeño diseñadas para la región como personal con doctorado, red de investigación internacional, artículos por facultad e impacto en la web.

La Universidad Católica de Chile lidera la lista que recoge los nombres de 410 mejores centros de educación superior de la región.

Luego aparece la Universidad de Sao Paulo, Brasil; Tecnológico de Monterrey, de México;  Universidad de Chile, y en quinto lugar la Universidad Estatal de Campinas, de Brasil. 

Las mejores universidades y centros de educación superior de Ecuador La Universidad San Francisco de Quito (USFQ) es el primer centro de Ecuador en aparecer en la lista, en el lugar 65.

Le sigue la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), en el lugar 74.

Luego está la Escuela Politécnica Nacional, en el puesto 106 y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), en el 109. 

En la parte inferior del ranking está la Universidad Central del Ecuador (161-170), la Universidad de Cuenca (181-190), la Universidad de las Fuerzas Armadas, Espe (191-200), la Universidad Espíritu Santo (Uess) (201-250), Universidad De las Américas (UDLA) (201-250), Particular de Loja (201-250), la Universidad Católica Santiago de Guayaquil (251-300), la Universidad del Azuay (301-350), la Universidad Nacional de Chimborazo (301-350), la Universidad Politécnica Salesiana (301-350), la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE),  la Universidad de Guayaquil (351-400) y la Universidad Católica de Cuenca (401).

16 universidades de Ecuador están en la lista del ranking de las mejores de la región, según Quaquerelli Symonds. Foto: Captura de pantalla www.topuniversities.com

En junio del 2020, Quacquerelli Symonds presentó el listado de las mejores universidades del mundo. Allí también están la USFQ, en la categoría 751-800, la Politécnica Nacional y la PUCE con 801-1 000.

Fuente: EL Comercio

ONU: embarazo adolescente es una ‘Fabrica de pobres en América Latina’

El embarazo adolescente en Latinoamérica y el Caribe genera costos a los Estados que suponen, en promedio, el 0,35 % del Producto Interno Bruto (PIB) o 1.242 millones de dólares anuales por país, según un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) difundido este miércoles.

Y los efectos de la pandemia de la covid-19 en curso se estiman «entre 400.000 y 500.000 embarazos adolescentes adicionales que se van a registrar el año que viene», y que tendrán un «costo marginal» para América Latina y el Caribe de «alrededor de 600 millones de dólares», dijo el asesor regional en sistemas de salud de la Unfpa, Federico Tobar.

Esto por restricciones de acceso a anticonceptivos por factores económicos o por falta de oferta, o por abusos sexuales, especialmente en menores de 15 años, explicó el funcionario.

El informe calcula el «costo de oportunidad» o los gastos que se generan por cada niña o adolescente -de entre 10 y 19 años- que atraviesa la maternidad temprana con base en datos de Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Paraguay.

Los países destinan recursos para cubrir gastos asistenciales y el Estado pierde ingresos, ya que el embarazo en la adolescencia compromete la participación de estas mujeres en el mercado laboral y su aporte al sistema tributario, indicó el informe del Unfpa.

«Según las estimaciones realizadas para América Latina, el costo de oportunidad promedio del embarazo en la adolescencia es el 0,35 % de su PIB, el equivalente a 1.242 millones por país y por año. En el caso de los países considerados en el estudio, los porcentajes oscilan entre 0,22 % en Argentina y 0,58 % en Colombia», dijo el informe.

El director regional para América Latina y el Caribe del Unfpa, Harold Robinson, afirmó durante la presentación del estudio que «no actuar» frente al embarazo temprano en la región, «la segunda con la tasa más elevada» de este fenómeno en el mundo, «implica un costo muy alto» para las sociedades.

«Más de 1,5 millones de madres adolescentes dan a luz cada año» en la América Latina y el Caribe, y «dos tercios» de ellos son e resultado de la falta de información para prevenir el embarazado o por violencia sexual, alertaron los funcionarios de la ONU.

IMPACTO EN LA EDUCACIÓN E INGRESOS

Tobar indicó que entre los principales resultados del estudio está el dato de que las mujeres que fueron madres en la adolescencia tuvieron tres veces menos oportunidades de obtener un título universitario que las que postergaron su maternidad a la vida adulta (20 o más años), y perciben ingresos más bajos que estas últimas.

Las madres tempranas «ganan en promedio un 24 % menos que quienes fueron madres en la vida adulta. Los ingresos laborales anuales» de las primeras «equivalen a 3.068 dólares», mientras que los de las segundas «alcanza a 4.015 dólares para el promedio de los países analizados».

Las madres tempranas tienden a trayectorias laborales que las hacen más propensas a la pobreza. Una mayor proporción de ellas se dedican en forma exclusiva a tareas domésticas no remuneradas y registran mayores tasas de desempleo que las que fueron madres en la adultez.

«Una mujer que fue madre en la adolescencia pierde la posibilidad de ganar en promedio 1.243, cifra que se obtiene al comparar con los ingresos de una mujer que fue madre en la edad adulta», indicó el informe.

EFECTOS FISCALES

Los Estados de los seis países involucrados en el estudio dejaron de recaudar en 2018 un total de 746.118.322 de dólares, lo que equivale a 110 dólares por cada madre temprana.

Los gastos que los servicios públicos de salud realizan para cuidados de la gestación, el parto y el puerperio de las madres tempranas varían entre 6,7 y 305 millones de dólares por país estudiado.

El gasto asistencial que «podría evitarse con prevención oscila entre los 4,8 y los 211 millones de dólares por año. Esto se traduce en niveles de ahorro que irían entre el 60 % y el 72 % si esos embarazos se hubiesen prevenido», destacó el informe.

«No se me ocurre otra forma de favorecer el crecimiento económico de nuestros países tan poderosa como prevenir el embarazo adolescente», exclamó el asesor del Unfpa.

EFE

Casi 3 millones de niños, en riesgo de no volver al colegio en América Latina

El 97 % de los niños, niñas y adolescentes latinoamericanos está a punto de cumplir casi un año sin pisar la escuela, y con las clases virtuales inaccesibles para los más vulnerables, la región corre el riesgo de perder su futuro por décadas, alerta un informe de Unicef conocido este lunes 9 de noviembre del 2020.

Con casi ocho meses de pausa prolongada para 137 millones de niños y niñas de Latinoamérica (un tiempo cuatro veces más alto que la media global), la agencia de las Naciones Unidas advierte de una posible «catástrofe generacional», provocada por la ausencia de clases presenciales por la pandemia del covid-19.

«Cada día que pasa con las escuelas cerradas se va dando forma a una catástrofe generacional, que tendrá profundas consecuencias para la sociedad en su conjunto» reitera el reporte.

Uno de los efectos «profundos» de la crisis es que casi tres millones de niños, niñas y adolescentes están en riesgo de no regresar nunca a la escuela. Ante estas cifras, América Latina se enfrenta al reto de evitar que el potencial de las nuevas generaciones se pierda y se profundice la desigualdad de la región, devastada por los efectos del covid-19, con 11 millones de casos hasta la fecha.

Aprender en desigualdad de condiciones

El jamaicano Wayne Young está preocupado por sus siete hijos: «Creo que mis hijos van a retroceder mucho», admite. «No tienen Internet. No tenemos un teléfono celular. No tenemos una computadora porque no podemos pagarla».

Su testimonio, recogido en el informe, pone de relieve la brecha digital en Jamaica, donde Internet solo tiene una penetración del 55%, una injusticia que se extiende por América Latina.

En la región, solo la mitad de los alumnos de las escuelas públicas tiene acceso a clases a distancia de calidad, mientras que en las escuelas privadas esa cifra sube al 75 %, estima Unicef.

Tener Internet era «un privilegio en América Latina» ya que «las escuelas de mayores ingresos» eran «las que tenían conexión», advierte Ruth Custide, especialista de educación de la Oficina Regional de Unicef para América Latina y el Caribe.

Custide apostilla de que no se trata solo de Internet, sino también de tener un computador con el que acceder a las clases.

Por eso, lamenta que solo «el 18 % de los niños de los quintiles con los ingresos más bajos» tienen acceso a algún dispositivo, mientras que en los quintiles más altos «esa cifra es del 80 %».

«Con unos padres con mejores ingresos, con un nivel de educación más alto, los niños van a rendir mejor porque van a tener más apoyo. Pero en los grupos más vulnerables donde los padres no tienen un nivel educativo tan alto, ni conectividad, ni recursos, eso se complica aún más», esgrime la especialista.

La desigualdad es más acuciante en grupos vulnerables con niños con discapacidad, migrantes indígenas o en zonas rurales donde la educación a distancia no llega, según Unicef. En las poblaciones rurales de Bolivia, por ejemplo, solo el 18 % tiene computador y el 3 % conexión permanente a internet.

Catástrofe generacional

Unicef advierte de que el porcentaje de niños, niñas y adolescentes que no recibe educación alguna, ni presencial ni remota, se ha disparado del 4 % al 18 % en los últimos meses.

¿Qué impacto puede tener para un niño o niña faltar a la escuela durante un año? Para Custide, tanto tiempo causa efectos a largo plazo «gravísimos».

«Si no hay realmente procesos de nivelación adecuados, esos niños van a tener un vacío durante toda su vida”, enfatiza. Y esa pérdida terminará reflejándose en unos «peores salarios», como ya advirtió el Banco Mundial.​

Según el organismo multilateral, cada niño en educación primaria y secundaria en América Latina y el Caribe podría perder de su sueldo entre USD 242 y USD 835 cada año y hasta USD 15 000 a lo largo de su vida laboral. Eso se traduce en una pérdida de hasta USD 1,2 billones en ingresos para los Gobiernos de la región durante el ciclo de vida de esta generación de estudiantes.

Otras consecuencias irán emergiendo a lo largo de su educación, con un aprendizaje inferior y una mayor probabilidad de abandonar las aulas por completo. Por ejemplo, Unicef y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estiman un aumento de estudiantes de secundaria que caerán por debajo del nivel mínimo de competencia en lectura.

Al menor nivel en las competencias básicas, se le suman las trabas para hacer amigos y aprender aptitudes sociales.

«Nos preocupa mucho la falta de apoyo psicosocial que brindaban las escuelas, porque si los adultos lo estamos sufriendo, imagina qué significa para un niño o un adolescente estar ocho meses encerrado en casa y pegado a una pantalla», expone Custide.

Sobre todo, porque para los «más pequeñitos de nivel preescolar» su aprendizaje principal ahora es sobre todo «su parte social» ya que justamente a los «5 u 8 años se asientan las bases de su desarrollo social».

Más que una escuela

El cierre de las escuelas no solo aplaza la educación para algunas familias, sino que supone la pérdida «de una cantidad enorme de servicios, como el de la salud, de apoyo psicosocial y de protección» para la infancia, añade la especialista.

Al menos 80 millones de niños, niñas y adolescentes de América Latina han perdido las comidas escolares y corren el riesgo de desarrollar deficiencias nutricionales.

«Al no tener acceso a esa comida, también se pierde una motivación para que los padres envíen a sus hijos a la escuela», donde a veces recibían su única comida nutritiva del día.

Los niños, niñas y adolescentes también están más desprotegidos ante la violencia en el hogar.

La especialista explica que «muchos niños estarán dedicados a labores domésticas y eso nos preocupa mucho, también en el tema de las niñas puede ser aún más grave, con niñas dedicadas a tareas domésticas, a cuidar de sus hermanitos…».

Reabrir las escuelas debería ser la prioridad

Mientras muchas escuelas en África, Asia y Europa están reabriendo gradualmente, en 18 de los 36 países y territorios de la región las puertas de las aulas permanecen cerradas.

Ante la suspensión masiva de los servicios educativos, Unicef ha brindado apoyo contribuyendo a que 42 millones de estudiantes en la región reciban aprendizaje a distancia y en el hogar a través de la radio, la televisión, Internet y otras plataformas.

Para Custide, la prioridad debe ser «reabrir las aulas, siempre con la máxima seguridad» porque «el mejor sitio para garantizar la educación es la escuela».

Para eso, se necesita inversión, ya que 4 de cada 10 escuelas de la región carecen actualmente de instalaciones básicas para lavarse las manos. La experta insiste en que «no se puede dar una receta universal».

Y pone de ejemplo como en sitios rurales, «donde hay una escuela que tiene 20 niños, donde no hay casos de transmisión, no hay necesidad de que esa escuela esté cerrada».

EFE

El covid-19 destroza los sueños de la clase media en América Latina

Cuando el coronavirus llegó a Chile y acabó abruptamente con el trabajo de Lorena Rodríguez, la niñera de 47 años tomó la dolorosa decisión de empeñar sus joyas -regalos de décadas anteriores- para tener dinero en efectivo.

Al igual que más de la mitad de los latinoamericanos, trabajaba en el sector informal cuidando a dos niños en una zona de lujo de la ciudad costera de Valparaíso, pero viviendo sin apuros con unos ingresos que con los de su marido llegaban a unos 700 000 pesos (USD 905) al mes.

De repente, preocupados por el riesgo de que Rodríguez se contagiara en el viaje en autobús, la familia dejó de darle trabajo en marzo.

Sin contrato, no podía recibir beneficios como el subsidio de desempleo o el apoyo social, pese a que vive en uno de las países más ricos de la región. Un pago de emergencia de 100 000 pesos (USD 126) del gobierno pronto se agotó, obligándola a acudir a la casa de empeños.

«Era como algo ya de último, como acudir a esto», dijo Rodríguez, quien cambió sus anillos y pulseras por un préstamo de 340 000 pesos para mantenerse ella y su marido, un miembro retirado de las Fuerzas Armadas. «Tenía un trabajo estable, podía vivir bastante bien, sin preocupaciones por los menos (…) Creo que esto nunca termina».

Carlos Alfaro, un conductor de Uber que también es dueño de un negocio de limpieza, le muestra a su madre de 77 años la comida que recibió en una cocina móvil de alimentos administrada por el gobierno de México. Foto: REUTERS.

Millones de personas de las clases medias de América Latina están siendo arrastradas de nuevo a la pobreza, porque el covid-19 ha dejado expuesta la fragilidad de las redes de bienestar y la falta de recursos financieros de los gobiernos. El mercado laboral de la región se ha visto más afectado que en cualquier parte del mundo.

Tras el estancamiento económico y las crisis de la década de 1980, América Latina había visto prosperar su clase media gracias al auge de las materias primas que impulsó el crecimiento en la década de 2000 y ayudó a sacar a 60 millones de personas de la pobreza.

Ahora, la región de 650 millones de personas verá su economía contraerse más del 9% este año, según estimaciones de la ONU, el peor desplome de la actividad en el mundo en desarrollo.

La pobreza volverá a los niveles de 2005

Muchos economistas afirman que la crisis ha puesto de manifiesto la indiferencia de América Latina frente a debilidades que son históricas: la dependencia de sectores de baja productividad como la minería y la agricultura, la incapacidad para incorporar más trabajadores a los empleos formales y la falta de sistemas fiscales eficaces para redistribuir la riqueza concentrada en una pequeña élite.

«Esta crisis debe servir como un llamado de atención para que nos movilicemos contra las disparidades y brechas que han redundado en un mundo cada vez más frágil», dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Felipe Sola, en una reciente reunión del G20.

Según Asier Hernando, director regional de la organización benéfica Oxfam, la pandemia podría empujar a 52 millones de personas más a la pobreza y dejar a otros 40 millones de desempleados. Las mujeres y los grupos indígenas se verán especialmente afectados.

«Lo que pasa con América Latina es que no tienes colchón. Si caes, caes mucho», dijo. «Eso puede romper el contrato social de la región y pudiera suponer unos años de enorme conflictividad social».

Después de las protestas en varios países sudamericanos el año pasado, la pandemia ha puesto de nuevo de relieve el hambre, la desigualdad y la falta de apoyo estatal. En Chile, donde las protestas de 2019 se volvieron violentas, la recesión está resucitando la ira. En Perú, el Congreso intentó destituir al presidente y a la ministra de Economía por la falta de apoyo a las pequeñas empresas. En Venezuela, que ya estaba en una espiral de pobreza antes del covid-19, las protestas por la escasez han aumentado.

Auge y caída

Douglas Felipe Alves Nascimento perdió su trabajo en una empresa textil y trata de ganarse la vida vendiendo dulces en las calles. Foto: REUTERS.

El virus se demoró en llegar a América Latina, pero golpeó fuertemente. Cinco de los 10 países más infectados del mundo son de la región, en la que ha habido un 34% de las muertes del mundo, a pesar de que sólo tiene cerca de un 8% de la población.

Los epidemiólogos citan la pobreza como una causa. Con hasta un 58% de trabajadores en el sector informal, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), muchos no pueden ponerse en cuarentena o morirían de hambre. Cerca de 2,7 millones de empresas, o casi el 20% de las empresas, van a cerrar, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (Cepal).

La OIT dice que 34 millones de personas ya han perdido sus empleos. Sólo el 12% de los trabajadores latinoamericanos tienen derecho a recibir pagos por desempleo, frente al 44% en América del Norte y Europa.

La situación ha dejado expuesto a un ejército de trabajadores autónomos y empresarios en ciernes, lo que podría perjudicar el crecimiento durante años.

«Van dos meses que no he podido pagar el colegio de mi hija», dijo Goodny Aiquipa, una comerciante de ropa de 36 años en la capital peruana, Lima.

Sus padres se habían mudado del campo para trabajar como vendedores ambulantes. Pero ella pudo construir una casa, pagar una educación privada, vacaciones y planear la compra de un coche.

Ahora el brote en Perú -el más mortal del mundo por cantidad de habitantes- la obligó a cerrar su tienda de camisetas.

«Luz y agua estoy atrasada un mes. Lo que tenía para pagar el alquiler de mi local lo gasté en comida», dijo.

Los más pobres han sido los más afectados en términos de pérdida de empleos, mientras que casi ocho de cada diez personas ya vivían con un ingreso inferior al triple del umbral de pobreza, dijo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL.

«Es muy difícil hablar de una clase media cuando estas personas son muy vulnerables», dijo Bárcena.

Una escuela cierra

Aura Cartagena muestra un folleto de la escuela técnica que posee con su esposo Erwin Pozuelos y que tuvieron que cerrar durante la pandemia en Guatemala. Foto: REUTERS.

Los gobiernos regionales también carecen de los medios financieros para emular los paquetes de estímulo de Estados Unidos o Europa. La mayoría de ellos tienen bajos ingresos fiscales y una elevada deuda.

En Guatemala, donde el gasto social es uno de los más bajos de la región, los empresarios Aura Cartagena y Erwin Pozuelos esperaron en vano un apoyo financiero. Para financiar su escuela en la Ciudad de Guatemala, la pareja se endeudó y vendió sus coches y propiedades para pagar a los 25 empleados, antes de cerrar sus puertas.

«Ahorita no tenemos ni una sola propiedad que esté solvente, todo está endeudado», dijo Cartagena, de 51 años, en la sala de la pequeña casa a la que se mudó la familia, conteniendo las lágrimas. Una serie de grandes compañías -desde las principales aerolíneas hasta las empresas de energía- tuvieron que despedir a personal o cerrar.

Los economistas advierten que la crisis hará que millones de personas dejen de trabajar por cuenta ajena para pasar a empleos informales con salarios más bajos, menos prestaciones y menos protección. Incluso en México, la segunda economía más grande de la región, el gobierno de izquierda de Andrés Manuel López Obrador ha evitado un generoso rescate, debido a la preocupación por sus finanzas.

Se espera que hasta 10 millones de personas, muchas de ellas de la clase media mexicana, caigan en la pobreza, según los analistas. Fuera de una cocina en la Ciudad de México, Carlos Alfaro, un chofer de 51 años de edad de Uber que también tenía un negocio de limpieza, espera por un guiso, arroz y pan para su madre de 77 años y sus dos hijos.

El trabajo desapareció obligándolo a buscar ayudas. «Nunca imaginé que iba a tener que venir a hacer esto», dijo. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas predice que 16 millones de personas en la región podrían enfrentarse a una grave escasez de alimentos este año.

En Brasil, la mayor economía de la región, el gobierno de extrema derecha del presidente Jair Bolsonaro abandonó las políticas de austeridad por las ayudas sociales que a corto plazo redujeron la pobreza. A pesar de los gastos sociales de Brasil, que incluso el gobierno admite que no puede sostener, los trabajadores que buscan subir en la escala social están pasando por momentos difíciles.

Douglas Felipe Alves Nascimento, de 21 años, se mudó a Sao Paulo a principios de año para trabajar en una empresa textil después de años de trabajo a tiempo parcial en la construcción.

El sueldo era suficiente para alquilar una habitación, comprar artículos básicos para el hogar y comenzar a terminar el bachillerato, pero cuando el covid-19 golpeó, fue uno de los primeros en perder su trabajo.

En julio, había vendido sus cosas para cubrir el alquiler no pagado y se dirigió a una misión católica para conseguir comida y ropa de abrigo. «Todo lo que había logrado en esos tres meses de trabajo se perdió en un mes de pandemia», dijo.

Reuters

España vende a América Latina y África pesticidas prohibidos

Europa vende a América Latina y África pesticidas que han sido prohibidos dentro de sus propias fronteras por el daño que causan en el medio ambiente y las enfermedades que pueden provocar en las personas. Una investigación de Greenpeace cuestiona la «doble moral” de esta práctica que tiene a Reino Unido a la cabeza y España entre los principales exportadores. La organización denuncia “presiones” del sector en los organismos reguladores de la Unión Europea. Por el contrario, los fabricantes defienden su “compromiso con la salud” y niegan las acusaciones.

En 2018, Europa vendió 81.615 toneladas de pesticidas prohibidos, de los cuales un 6% son de empresas españolas como Deuxal, Agroquímicos de Levante e Industrial Química Key, según datos de Greenpeace tras analizar más de 400 documentos de firmas europeas. Detrás de estas operaciones hay mucho dinero en juego: el sector genera en España más de 1.000 millones de euros al año. A nivel global, el mercado de los productos químicos para la agricultura está copado por unas pocas empresas gigantes como la de origen suizo Syngenta, comprada por el conglomerado asiático ChemChina en 2017 por 39.000 millones de euros.

“Es la primera vez que sale a la luz un estudio tan completo, donde se demuestra que los intereses económicos de algunas empresas europeas están por encima de la ética”, dice a Infobae el científico británico Doug Parr, miembro del equipo de Unearthed (la unidad de investigación de Greenpeace) que ha destapado la investigación en colaboración con la ONG suiza Public Eye.

Una maquina esparce pesticidas sobre una plantación de soja en el Mato Grosso brasileño.

Greenpeace lleva varios años denunciando esta práctica por parte de la Unión Europea que consiste en “vender a países más pobres lo que no quieren para ellos mismos” aprovechando “lagunas legales”. Entre los receptores de estos pesticidas prohibidos están Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, México, Costa Rica, Honduras y Cuba, además de otras naciones en vías de desarrollo de África y Asia.

“No es cierto que existan ‘lagunas legales’, todas nuestras actividades cumplen con la legislación de la Unión Europea y de cada uno de los países importadores”, responden desde CropLife, la organización internacional que defiende los intereses de los fabricantes de estos productos. Dicen que están adscritos al Convenio de Rótterdam (que desde 2004 vigila la exportación de químicos) y a las últimas directivas de la FAO, el órgano de Naciones Unidas para la agricultura.

El debate no es nuevo: desde que en este nuevo siglo las noticias relacionadas con los efectos nocivos de productos agroquímicos han saltado de las revistas especializadas a los medios generalistas la opinión pública trata de posicionarse entre las denuncias de las ONG medioambientales, por un lado, y los fabricantes y agricultores, por el otro.

Cáncer, Párkinson y abortos espontáneos

La tendencia es clara: en la Unión Europea las sustancias de este tipo que se consideran legales se han reducido en los últimos 25 años un 50%, hasta las 500 permitidas en la actualidad (y de las cuales una cuarta parte son consideradas de bajo riesgo, porque sustituyen los químicos con feromonas de insectos y extractos de plantas). Tanto es así, que la región se vanagloria de tener actualmente “las leyes sobre pesticidas más estrictas del mundo”.

Sin embargo, cada país puede aprobar excepciones para salvaguardar su sector agrario, y estas han aumentado con una proporción mucho mayor en los últimos años: de apenas 59 excepciones a las prohibiciones de utilizar ciertas sustancias en 2007, a casi 400 en 2018. En la práctica, eso permite saltarse las “estrictas” leyes europeas siempre que el país importador lo desee.

Las empresas afirman que los pesticidas no son dañinos porque no estén autorizados en la UE y son “muy útiles” en otras partes del mundo con climas más extremos, golpeados por plagas y donde la agricultura es el motor de las economías nacionales.

“El problema es que la información relativa a estas ventas internacionales de pesticidas prohibidos, que debería ser pública, es muy difícil de conseguir”, lamentan desde Greenpeace. Para obtener los registros de 2018 debieron esperar a que les concedieran varios permisos y después limpiar miles de datos. “Las empresas no están obligados a publicar estas cifras, pero desde luego sería conveniente para los consumidores”, piensa el científico Doug Parr.

Entre los productos nocivos exportados desde Europa en 2018 están la cloropicrina que, según los expertos de Greenpeace es un “pesticida que se usaba como arma química durante la Primera Guerra Mundial”, o el oxadiargilo, una sustancia “extremadamente tóxica para la vida acuática con efectos a largo plazo y que puede crear problemas en los fetos y en el funcionamiento de los órganos humanos”.

Naciones Unidas reconoce en un informe reciente que es “difícil demostrar la existencia de un vínculo definitivo” entre la exposición a estos productos y el desarrollo de enfermedades o desequilibrios en la naturaleza. Desde Greenpeace están convencidos de que “estos pesticidas contienen químicos que pueden aumentar el riesgo de sufrir cáncer o Párkinson, problemas en la reproducción y en el crecimiento, además de ser tóxicos para los mamíferos y alterar a las poblaciones de insectos polinizadores, aves y peces”.

Ejemplos hay varios, algunos tan mediáticos como el de hace cinco años en Monte Maíz, un pueblo agrícola de la provincia argentina de Córdoba. Un estudio descubrió que la población había desarrollado cáncer y otras enfermedades (además de abortos espontáneos) con unas tasas de hasta tres veces mayores que la media en la región y a nivel nacional. La causa, según los médicos investigadores de la Universidad de Córdoba, fue el uso de glifosato para las plantaciones de soja, un cultivo clave para la economía de Argentina, que es el tercer productor mundial.

“Los pesticidas no son automáticamente ‘más dañinos’ o ‘menos necesarios’ porque no estén autorizados en Europa”, se defienden desde CropLife. Según su visión, algunos de estos productos prohibidos en la Unión Europea son “muy útiles” en otras partes del mundo con climas más extremos, golpeadas por plagas y donde la agricultura es el motor de las economías nacionales y principal fuente de empleo. Sin los pesticidas, las cosechas podrían correr peligro.

“Hace años se viene demostrando que estos productos no son imprescindibles, es posible sustituirlos por otras prácticas más saludables sin afectar a la producción”, asegura Doug Parr. En efecto, desde que en 2009 las leyes europeas dictaminan usar plaguicidas “sólo como última opción” se han ido introduciendo técnicas como la rotación de cultivos, la instalación de mallas contra insectos y el uso de recursos naturales que no contengan químicos.

¿Veneno o medicina para las plantas?

La investigación que acaba de sacar a la luz Greenpeace, y a la que Infobae ha tenido acceso, aspira a retomar la corriente crítica que instauró un informe de Naciones Unidas en 2017 donde ya criticaba “el enorme poder del oligopolio de la industria química” en torno a tres grandes grupos millonarios: Bayer-Monsanto, Syngenta-ChemChina y Dow-Dupont que entonces controlaban más del 65% de las ventas mundiales de plaguicidas.

Además acusaba a las grandes empresas del sector de “organizar campañas de desprestigio” contra los científicos críticos con sus actividades. “No hemos recibido ninguna amenaza directa pero es evidente que hay un lobby muy poderoso detrás que no quiere que estas investigaciones salgan a la luz”, dice Doug Parr desde Greenpeace.

El informe de la ONU de 2017 alertaba de una práctica que, según su información, permitía a estas empresas “infiltrarse en los organismos federales de regulación” a través de “puertas giratorias” y operar así con total libertad sin llamar la atención. La respuesta de CropLife en defensa de los fabricantes fue tajante, tildando esas informaciones de “infundadas” y “sensacionalistas”.

“No hay excusas: estas prácticas tan hipócritas tienen que terminar», reclaman desde Greenpeace

Tras la publicación del nuevo informe de Greenpeace, hace unos días CropLife contestaba a través de un comunicado público. “Damos la bienvenida al debate informado y constructivo sobre nuestro papel en el uso de pesticidas para la producción sostenida de alimentos. Nuestras compañías invierten en investigación y desarrollo de productos mejores y más seguros que garanticen las cosechas de los agricultores. Podemos esforzarnos más y siempre lo haremos”.

Desde organismos internacionales como FAO reconocen que es inviable eliminar a corto plazo el uso de estos productos químicos en regiones como América Latina, África y Asia, pues son “el medio más barato y sencillo para proteger sus cultivos”.

En España la patronal AEPLA insiste en su compromiso con “la protección de las personas y el medio ambiente” y su apoyo al Pacto Verde de la Unión Europea con una inversión de más de 14.000 millones de euros para desarrollar productos “más sostenibles” con la meta puesta en 2030. El sector se esfuerza por cambiar el relato y frente a las acusaciones de que sus productos son “venenosos” hablan de “fitosanitarios” y consideran que fabrican “medicinas para las plantas”.

Para Greenpeace todas estas medidas son “más publicitarias que otra cosa”, y en cualquier caso “insuficientes”. “El gobierno español podría seguir el ejemplo de su vecina Francia, que ha anunciado que cancelará por completo la exportación de estos productos químicos nocivos entre 2022 y 2025”, dice el científico Doug Parr.

Desde su ONG anuncian que han contactado con la ministra española para la transición ecológica, Teresa Ribera, y esta les ha asegurado que las exportaciones de España en 2018 (el año de su estudio) son “significativamente más bajas” de las que ellos tienen registradas y ha citado “cláusulas de confidencialidad” para no dar más detalles sobre determinadas empresas o productos.

“No hay excusas: estas prácticas tan hipócritas tienen que terminar desde la Unión Europea, aunque sólo sea para proteger a sus propios consumidores”, concluye Doug Parr. Se refiere a que muchos de los alimentos que llegan a Europa han sido producidos en países a los que venden los pesticidas prohibidos y, por lo tanto, podrían estar contaminados. Al fin, solicita que “un fondo de ayuda pagado por las empresas fabricantes y los países que las acogen” sirva para financiar una agricultura más sostenible y paliar el daño que causan en las regiones más pobres.

América Latina fue clave en la historia de la píldora anticonceptiva

Pocas innovaciones médicas tuvieron un impacto más masivo y social que la píldora anticonceptiva.

Solo cinco años después de su lanzamiento en Estados Unidos, en 1960, unas 6,5 millones de estadounidenses la usaban.

Hoy, más de 100 millones de mujeres en todo el mundo eligen esta forma de protección contra el embarazo, según datos de la Universidad de Harvard.

«La píldora» -como se conoce comúnmente- es considerada un hito del feminismo ya que permitió que las mujeres pudieran tener relaciones sexuales sin preocuparse por las consecuencias reproductivas.

Y algunos también asocian su creación con el surgimiento de la llamada «revolución sexual» de los años 60.

Pero el lado menos conocido de esta pastilla tiene que ver con el papel que jugó América Latina en su desarrollo.

Por un lado porque fue en un país de la región -México- donde se creó por primera vez una hormona sintética que podía bloquear la ovulación.

Pero el principal rol que tuvo América Latina -o más bien las mujeres latinoamericanas- en la historia de la píldora es más oscuro.

Tiene que ver con los ensayos a gran escala que se realizaron en Puerto Rico para determinar la efectividad y seguridad de este revolucionario tratamiento, y que siguen siendo motivo de vergüenza para la comunidad científica.

Poco ético

La historia se remonta a 1955. Los científicos John Rock y Gregory Pincus, ambos vinculados con la Universidad de Harvard, habían logrado desarrollar con éxito una pastilla que evitaba la ovulación.

Usaron hormonas sintéticas, un avance que se había logrado en parte gracias al trabajo del científico mexicano Luis Miramontes, quien logró por primera vez crear una progesterona sintética en 1951, en ciudad de México, junto con dos colegas.

Rock y Pincus necesitaban probar la píldora en humanos para ver sus efectos pero no tenían éxito reclutando voluntarias en Boston, donde estaban basados.

Según el diario The Harvard Crimson -que en septiembre pasado escribió una crónica sobre la «oscura historia» de los anticonceptivos orales titulada «La píldora amarga»- muchas mujeres abandonaban las pruebas clínicas debido a los severos efectos secundarios.

Estos incluían «dolor, coágulos de sangre, hemorrágeas y náusea».

Ansiosos por avanzar, los médicos recurrieron a prácticas poco éticas: probaron su píldora en mujeres con enfermedades mentales que eran pacientes de un hospital asociado con Harvard.

Pero eso tampoco alcanzó. Si querían lograr el permiso de la poderosa Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (más conocida como FDA, por sus siglas en inglés), debían realizar ensayos masivos.

¿Pioneras o conejillos de indias?

Fue entonces que los médicos decidieron ir a Puerto Rico

A diferencia de EE.UU. donde había legislación que restringía el uso de anticonceptivos, en el país caribeño estaban permitidos e incluso eran fomentados por las autoridades, que querían frenar el crecimiento poblacional.

Los científicos se asentaron en Rio Piedras, un barrio humilde en el municipio de San Juan, y reclutaron a mujeres de bajos recursos.

Se estima que a lo largo de varios años cerca de 1.500 mujeres participaron en las pruebas.

«El estudio no incluía una compensación económica pero nunca tuvieron problemas para conseguir voluntarias», informa el Crimson.

¿Por qué?

Así se lo explicó en 2004 al diario The Orlando Sentinel Delia Mestre, una de las puertorriqueñas que participó en los ensayos:

«Nos sumamos rápidamente sin miramientos. A las mujeres se les dijo que se trataba de un medicamento que evitaría que tuvieran niños que no podían mantener», contó.

En ese momento muchas mujeres usaban la esterilización o el aborto para evitar tener más niños.

Sin embargo, lo que fue especialmente controvertido es que los científicos no les informaron a las pacientes sobre los riesgos y los efectos secundarios del medicamento.

En esa época «los investigadores estadounidenses no estaban bajo obligación de obtener un consentimiento informado», explica el Crimson.

Por ello, los médicos no estaban actuando de forma ilegal aunque muchos consideran que sí se comportaron de forma inmoral.

Las pruebas clínicas poco éticas realizadas en Puerto Rico llevaron a la creación de nuevas reglas de la FDA que exigen que los participantes sean mejor informados sobre las drogas que están probando.

Abandonadas

Los ensayos clínicos resultaron un éxito. Después de un año en San Juan los estudios se extendieron a la municipalidad de Humacao, en el este del país, y a la cercana Port-au-Prince, en Haití.

Sin embargo, según la documentación que dejaron Pincus y Rock, el 22% de las participantes abandonaron las pruebas, debido a efectos secundarios severos.

Estos estaban asociados al hecho de que las píldoras contenían tres veces la cantidad de hormonas que llevan en la actualidad.

Según el diario The Washington Post, «tres mujeres fallecieron durante los ensayos clínicos. Pero no se realizaron autopsias, por lo que no se sabe si sus muertes estaban vinculadas con el medicamento».

Los creadores de la píldora incluso minimizaron sus efectos negativos. En una entrevista con el New York Times, Pincus aseguró que «estos efectos secundarios son mayormente psicogénicos. La mayoría ocurre porque las mujeres esperan que pasen».

Pero además de ignorar sus problemas, los «padres de la píldora» también abandonaron a sus pacientes latinoamericanas.

Tras concluir los ensayos clínicos y una vez que la FDA aprobó el anticonceptivo oral -cuyo nombre comercial fue Enovid- en 1960, los médicos dejaron las islas caribeñas y nunca recompensaron a sus pacientes ni les brindaron el medicamento que habían ayudado a crear.

Con un precio de US$0,50 por pastilla, la mayoría de estas mujeres no volvieron a tener acceso a la píldora.

En tanto, Pincus y Rock pasaron a la historia como dos de los hombres que más contribuyeron a la liberación femenina.

Fuente: BBC

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