Los arriendos bajaron hasta un 20% en algunos casos en Ecuador

Los arriendos han bajado hasta el 20% en Ecuador, según asesores inmobiliarios involucrados en el mercado.

Una parte de la población con más tiempo en casa se percató de que no le gusta donde vive y ahora busca rentar, pero igual la oferta supera la demanda lo que explica la disminución de los precios.

Marcos Armijo Fuentes, presidente de la franquicia inmobiliaria Travi Bienes Raíces, afirma que en una de las urbanizaciones de la Vía a Samborondón como Ciudad Celeste, se puede hoy rentar una casa valorada en $ 180.000 con $ 750 o $ 800 al mes. Antes de la pandemia costaba hasta $ 1.200 mensuales.

«Lo primero que hicieron los clientes que aquilaban en Guayaquil durante la pandemia fue hacer acuerdos para pagar lo adeudado y pues los contratos se reformularon con precios a la baja al menos por un año. He tenido casos en los que la reducción ha sido de hasta el 25%», afirma Armijo.

Lo mismo en Villa Club y La Joya, ubicadas a un costado de la av. León Febres Cordero, en Daule, donde hay casas de dos pisos disponibles para alquilar a un precio mensual de $ 300 o $ 400 y antes del COVID-19 vivir en ellas llegaba a costar $ 500 o $ 600, según Armijo.

Hay familias pequeñas o solteros que se habían independizado, pero por la crisis económica empujada por la pandemia tuvieron que regresar donde sus padres o familiares y alquilan las propiedades en las que estaban. Con ello se ayudan para pagar la hipoteca y no perder la propiedad.

Los que eran del campo y habían migrado a la ciudad también han retornado y dejan disponibles los espacios urbanos que ocupaban.

Las previsiones indican, según Armijo, que la recuperación de los precios que habia antes de la pandemia recién se retomarían a partir del 2023: «Todo depende de las políticas macroeconómicas que se establezcan».

“En Quito, en un barrio como la Bosmediano, hay departamentos en $ 800, pero una casa con piscina y áreas verdes pues cuesta lo mismo en los valles. Como ya no tienen que ir físicamente al trabajo ya no importa y se sacrifica la distancia a cambio de más espacio y comodidad”, dice Lorena Vivanco, profesora de la Universidad San Francisco de Quito.

Esta tendencia se observa en los grandes conglomerados del mundo, donde también hay una migración con mudanzas a otros sectores de la misma ciudad. En el distrito de Manhattan (Nueva York) los arriendos bajaron el 40%, pero en las zonas alejadas de los epicentros urbanos mas bien han subido porque los pobladores se están instalando allí.

“Esto pasa en menor grado en Ecuador, la gente está dispuesta a irse más lejos para vivir con más amplitud”, dice Vivanco.

En el caso de Guayaquil la disminución es generalizada, afirma Armijos. «Lo que si hay es una migración por la situación económica complicada de ciudadelas o urbanizaciones donde el alquiler costaba $ 800 a otras donde cuesta $ 400 o $ 500 al mes».

Precios más bajos atraen a los extranjeros que están comprando propiedades

Los meses pico en ventas para las inmobiliarias son los del primer trimestre de cada año, indica la asesora inmobiliaria Andrea Romero.

“Los costos dependen de los sectores. En ciudadelas como la Alborada, en Guayaquil, hay casas en cuarenta cinco mil dólares cuando antes de la pandemia costaban sesenta mil”.

Las inversiones en bienes raíces llegan también de fuera con extranjeros que aprovechan el costo actual de las propiedades.

“Vendí un departamento a un alemán en Puerto Azul, también a chinos. Ellos las tienen para alquiler y después las venden cuando el costo se recupera”, asegura.

La poca demanda hace que los vendedores acepten negociar el financiamiento con los créditos bancarios.

La compra de casas se complica en tiempos de pandemia ya que la mayoría en el país no cuenta con una entrada que va del 15% al 20% del costo del bien inmueble para hacer el contrato de promesa de compraventa, dice la asesora inmobiliaria María Franco.

“Un cliente había guardado para la entrada, pero con el COVID-19 se gastó el dinero y la compra se diluyó”, afirma, pero recalca que sí hay oportunidades.

Un ejemplo son casas que antes de la pandemia costaban $ 75.000 y se han vendido este año en $ 60.000 en la urbanización Villa del Rey, en Daule, con pago al contado.

“Cuando hay necesidad sí rebajan. El 90% de las casas de segunda mano en venta están con hipoteca, allí procede la sustitución”, dice. (I)

Fuente: El universo

Covid-19: Prohibición de desalojo en arriendos y otros beneficios terminan

Los beneficios de la Ley de Apoyo Humanitario para las personas que tienen problemas para cumplir con pagos de servicios básicos, seguros, arriendo o créditos bancarios están atados a la duración del estado de excepción que rige hasta el próximo domingo 13 de septiembre del 2020.

Luego de que el Gobierno confirmara que no extenderá más allá de esa fecha esta decisión, por un fallo de la Corte Constitucional, los beneficios de la Ley tienen ahora fecha definitiva de vigencia.

A continuación, presentamos un detalle de la duración de los seis beneficios establecidos en el marco legal:

Corte de servicio por no pago de servicios

Todas las empresas que proveen los servicios básicos (agua, luz y teléfono) y de telecomunicaciones (teléfono móvil e Internet) no suspenderán los cortes por falta de pago mientras permanezca vigente el estado de excepción y hasta por dos meses después de su terminación; es decir, la prohibición de cortar servicios está vigente hasta el 12 de noviembre del 2020.

Recuerde que las empresas pueden iniciar el cobro de los valores a partir de esa fecha, acumulados divididos en doce cuotas iguales y sin intereses, sin multas y sin recargos.

Consumo en industrias y negocios paralizados

La Agencia Nacional de Control y Regulación de Electricidad debe disponer procedimientos para que los cargos de potencia de industrias y comercios que no han laborado durante el estado de excepción; es decir, hasta el 13 de septiembre del 2020, y registran disminución en su consumo promedio de energía sean revisados de forma proporcional a la disminución de dicho consumo.

No desahucio en arriendos

Durante el estado de excepción por la pandemia del covid-19, y hasta sesenta días después de su conclusión; es decir, hasta el 12 de noviembre del 2020, no se podrán ejecutar desahucios a arrendatarios, excepto en los casos de peligro de destrucción o ruina del lugar y en caso de uso del inmueble para actividades ilegales.

El desahucio consiste en notificar al arrendatario que debe salir del inmueble alquilado. Para evitar esto, los arrendatarios deberán cancelar el 20% del valor de los cánones pendientes y en el caso de locales comerciales, el arrendatario debe demostrar que sus ingresos se han afectado en al menos un 30% en relación con el mes de febrero del 2020.

Esta suspensión podrá extenderse en caso de que arrendatario y arrendador acuerden por escrito un plan de pagos sobre los valores adeudados.

En los casos en que el arrendador pertenezca a un grupo de atención prioritaria, y el arriendo sea su medio de subsistencia, no aplicará la suspensión temporal del pago de arriendos, salvo que el arrendatario pertenezca también a un grupo de atención prioritaria. En este último caso, las partes llegarán a un acuerdo.

Alza de las tarifas

Desde la vigencia del estado de excepción y hasta un año después la Ley prohíbe el incremento en valores, tarifas o tasas de los servicios básicos y de telecomunicaciones. Esto significa que las tarifas no pueden subir hasta el 13 de septiembre del 2021.

Seguros médicos

Durante el tiempo que dure el estado de excepción por la emergencia sanitaria del covid-19, es decir, hasta el 13 de septiembre del 2020, las compañías de salud prepagada y las de seguros que oferten cobertura de seguros de asistencia médica, no podrán cancelar o dar por terminadas las pólizas ni suspender la cobertura. Los montos no pagados se prorratearán para los meses de vigencia del contrato, sin que generen intereses de mora.

Deudas en las instituciones financieras

Durante el período de vigencia del estado de excepción y hasta 60 días después de finalizado este, es decir, hasta el 12 de noviembre del 2020, todas las entidades del sistema financiero nacional (incluidas tarjetas de crédito y casas comerciales) deberán reprogramar el cobro de cuotas de los préstamos. Esto último puede incluir prórroga en el pago o reprogramación de cuotas.

Fuente: Diario El Comercio

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