Asamblea Nacional realizará pruebas en noviembre para retomar actividades

La Asamblea Nacional espera aplicar desde noviembre una fase de pruebas para el retorno a actividades presenciales suspendidas desde el 16 de marzo pasado cuando en el país se decretó la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.

El anuncio lo formuló el presidente de la Legislatura, César Litardo (AP), quien dijo que mantiene reuniones de carácter interno y que a medida que se vaya regulando la situación del COVID-19 en Quito se tendrá que regular el trabajo de manera presencial en la Asamblea.

Que se empezará con el reintegro del personal administrativo y se evaluará la forma de tener reuniones plenarias semipresenciales, es decir, habrá casos de legisladores que no puedan acudir de manera presencial por su estado vulnerable.

De a poco habrá que retomar las actividades de la Asamblea, y aclaró que eso no responde a la solicitud de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien ha pedido que sea juzgada de manera presencial, pues esa será una decisión de la Comisión de Fiscalización que procesa la solicitud de interpelación.

Para el retorno a las actividades presenciales se tendrá que evaluar la vulnerabilidad que tienen algunos legisladores y además observando las disposiciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) sobre las reuniones presenciales.

Insistió en que tanto en las actividades plenarias como en las de las comisiones legislativas permanentes se aplicaría un mecanismo mixto, y aclaró que continuarán las reuniones telemáticas.

Para la decisión sobre el plan de retorno a las actividades legislativas, el presidente de la Asamblea presentará un plan a los jefes de bloque, pues tomar una decisión de esa naturaleza demanda de apoyo.

Fuente: El Universo

Quito tendrá jueces contra la corrupción y el crimen organizado

Solo falta la decisión del Ejecutivo. Si las reformas entran en vigencia en noviembre de 2020, los primeros casos a tratar por los nuevos magistrados serán los relacionados con la corrupción durante la emergencia sanitaria en Ecuador.

El presidente Lenín Moreno tiene 26 días para analizar el paquete de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).

La Función Ejecutiva debe decidir si aprueba el proyecto que envió la Asamblea, lo corrige parcialmente o lo veta totalmente y bloquee su tratamiento por un año. Mapa electoral: cuánto pesa el voto de las 24 provincias Se trata de una norma que tiene 65 artículos y plantea varios cambios a la Función Judicial. Hay apartados polémicos como la evaluación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia.

También variantes de forma. Y un grupo de variantes estructurales en las que, aparentemente, ya hay un acuerdo para que entren en vigencia.

Se trata de la creación de unidades distritales, tribunales y salas penales especializadas en corrupción y crimen organizado.

Esta reforma fue planteada desde dos vertientes. Primero, el propio Consejo de la Judicatura (CJ) hizo una propuesta que, finalmente, fue de la que se sacó la mayoría del contenido aprobado por la Asamblea Nacional. Pero, además, el Gobierno, a través de la Secretaría Anticorrupción, hizo una propuesta similar que fue presentada por Iván Granda y que nutrió el debate de las reformas.

César Litardo, presidente de la Asamblea, recibió el Proyecto de Reformas a la Ley de la Función Judicial por parte de Ivan Granda, secretario Anticorrupción, el 2 de septiembre de 2019.
César Litardo, presidente de la Asamblea, recibió el Proyecto de Reformas a la Ley de la Función Judicial por parte de Ivan Granda, secretario Anticorrupción,
el 2 de septiembre de 2019 Flickr / Asamblea

Por esta razón, luego de que la propuesta proviniera del Ejecutivo y la Función Judicial y la Asamblea la aprobara, no existen indicios de que pueda haber un veto en este sentido y será prácticamente una realidad su entrada en vigencia.

Desde Quito hacia el resto del país

Según el documento enviado por la Asamblea a la Presidencia de la República, la sede de carácter nacional de los jueces de garantías penales especializados en el juzgamiento de los delitos relacionados con corrupción y crimen organizado estará en Quito.

El CJ, mediante una resolución, será el organismo encargado de determinar cuántos jueces conformarán dicho Tribunal. Pero, además, tendrá la facultad de crear nuevas jurisdicciones en otras zonas del país, dependiendo de la carga del trabajo.

Los nuevos jueces actuarán en relación con los delitos contra:

La humanidad
Los derechos de libertad
Los derechos de la propiedad
La eficiencia de la administración pública
Los delitos económicos
La producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización
Los recursos mineros
Contra la actividad hidrocarburífera, derivados de hidrocarburos, gas licuado petróleo y biocombustibles
Contra la estructura del estado constitucional
Terrorismo y financiación

Los jueces distritales actuarán como tribunales de primera instancia. Para los niveles de segunda instancia o casos con fuero de corte provincial, en cambio, actuará la Corte Provincial de Pichincha.

Y para casos nacionales o de casación en el paquete se incluyó otra reforma. En el artículo sobre la conformación de las salas de la Corte Nacional se cambia la denominación de la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito. Ahora se aumenta la Corrupción y el Crimen Organizado.

Casos de connotación

Según el Consejo de la Judicatura, el objetivo de esta reforma y la creación de estos tribunales es que los casos que generan conmoción social y traen consigo grandes y nocivas consecuencias para el país sean tratados por magistrados especializados.

Si la reforma entra en vigencia en noviembre de 2020, los primeros casos que serán tratados por los jueces anticorrupción serán los relacionados a la corrupción durante la emergencia sanitaria, que todavía están en etapa de investigación.

Los casos por corrupción son unos de los pocos que aumentaron en el país durante la emergencia sanitaria. El peculado, que se refiere a los servidores públicos que se apropian o dispongan arbitrariamente de bienes o fondos públicos, tuvo un incremento del 25,1%.

Y la concusión, que se refiere a los servidores que abusando de su cargo exijan pagos ilegales, tuvo un crecimiento del 7,4%.

El incremento de casos de corrupción, durante la emergencia sanitaria, además originó que la Fiscalía cree la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria que se dedica solo a este tipo de procesos.

Estas son las cifras de los presuntos delitos de corrupción durante la emergencia.

Datos del 1 de marzo al 31 de agosto de 2020

Fuente: Primicias

Pedidos de juicios políticos contra Richard Martínez seguirán su trámite

A pesar de la renuncia del ministro de Finanzas, Richard Martínez, los cinco pedidos de juicio político continuarán su trámite en la Asamblea, aclaró hoy, miércoles 7 de octubre de 2020, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Elio Peña (PK).

Peña recordó que la Constitución, en su artículo 131, obliga a los ministros y otras autoridades de alto rango a ser interpeladas por el Parlamento hasta un año después de haber dejado el cargo.

«Claramente la Constitución dice que podrán ser enjuiciados hasta un año de haber estado en sus funciones, (pero) que obviamente no es lo mismo, y sí preocupa porque no tiene mucho sentido un juicio político para alguien que ya renunció; el juicio político es para precautelar la administración de la cartera de estado, en esta caso de Finanzas», dijo.

Martínez acumuló en el último año cinco pedidos de juicio político de distintas bancadas, entre otras causas, por la falta de entrega de recursos a universidades, escuelas, hospitales, municipios, en medio de la crisis. Además, por el manejo de la deuda externa.

Peña explicó que estas solicitudes aún no llegan para su trámite a la Comisión de Fiscalización, sino que reposan en la Presidencia de la Asamblea, pese a que fueron calificadas por el CAL el 21 de septiembre pasado. Para el trámite, explicó, «no hay nada que nos impida que podamos unificarlos».

Agregó que antes de tomar una decisión se escuchará a los interpelados. «El tema de la sustanciación de un proceso de juicio político para la Comisión de Fiscalización está claramente establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Así que no podría demorar más de unos 25 días», sostuvo.

Añadió que se garantizará el debido proceso y el derecho a la defensa para Martínez, quien podrá defenderse vía telemática, sin importar el lugar en donde se encuentre.

De hecho, así lo hizo la excanciller, María Fernanda Espinosa, desde la Presidencia de la Asamblea General de la ONU. La Comisión también deberá tramitar otro pedido de juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por la actuación de la Policía en las protestas de octubre pasado, que también fue calificado por el CAL en septiembre.

El domingo pasado la Comisión aprobó un informe que recomienda al Pleno la censura y destitución del presidente del Consejo de Participación, Christian Cruz, por supuesto incumplimiento de funciones. Según anunció el presidente de la Asamblea, César Litardo, el tema se resolverá la próxima semana.

Fuente: El Comercio

Patricio ‘El Cholo’ Mendoza inscribió su candidatura para asambleísta

Joffre Patricio Mendoza Palma, ‘El Cholo Mendoza’, inscribió su candidatura la mañana del lunes 05 de octubre ante el CNE provincial en Babahoyo.

Patricio Mendoza, está en busca de una curul en la Asamblea Nacional por Los Ríos, bajo el Movimiento Político Avanza lista 8, en las elecciones generales del 2021.

Luego de su inscripción, el ahora candidato a asambleísta dio fuertes declaraciones ante los medios que se encontraban a la expectativa de todo lo que acontecía, dentro y fuera de la delegación, “Yo no vivo de la política como viven los demás candidatos” dijo “El Cholo” Mendoza.

Respecto a los acontecimientos del año 2019, cuando participaba como candidato a Prefecto de Los Ríos dijo: “Yo voy a tomar medidas extremas para que esta vez no se me haga otro fraude electoral, eso si le garantizo a la provincia de Los Ríos, a los electores; no se decepcionen que no va ha haber otro fraude”.

También reaccionó ante las declaraciones de los vocales del CNE, respecto a asegurar de que ellos son totalmente apolíticos: “Aquí no hay nada apolítico, son tres Social Cristiano que están infiltrados en el Consejo Nacional Electoral de la delegación provincial de Los Ríos y lo denuncio públicamente”.

Ley de Tránsito; Cuenta propia de pequeños agricultores, Mendoza dijo lo siguiente:

“Ahora salió un candidato disque a los 4 años de decir que la cuenta propia no piden a los pequeños agricultores, cuando dicho candidato sabe lo que pasa en las instituciones publicas como la ANT que es la caja chica de los políticos riosenses”.

“Yo soy el que siempre ha luchado; yo he combatido esta ley y gracias a mi gestión hace como 3 o 4 meses vinieron los de la ANT y llegamos a un acuerdo humanitario no político, porque ni siquiera tenía pensado ser candidato”.

Junto a él, sus compañeros de lista también oficializaron sus candidaturas ante las autoridades del Consejo Nacional Electoral.

Fuente: Al Día

‘Nuevo Gobernador de Los Ríos será elegido por el Presidente’

El gobernador de Los Ríos, Camilo Salinas, presentó ayer, 2 de octubre de 2020, cerca de las 16:00, su carta de renuncia para participar en las elecciones generales como candidato a la Asamblea Nacional, de la mano del movimiento Ruptura y Alianza PAIS.

Salinas manifestó que continuará trabajando hasta que el presidente Lenín Moreno acepte su renuncia, que sería a más tardar el lunes, donde luego tendrá que oficializar su candidatura en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Sobre cómo se elegirá al nuevo Gobernador de la provincia, indicó que no será a través de una terna, sino que el mismo Lenín Moreno tendrá que designar a la persona correcta para el cargo. 

“Yo no puedo recomendar a nadie, pero nosotros en este momento, a partir de ahora, hasta que llegue la nueva resolución del decreto ejecutivo de la renuncia y que llegue el nuevo nombre, seguiré en funciones”, indicó. 

Marco Troya es oficialmente candidato a asambleísta por la provincia de Los Ríos

El Movimiento Ecuatoriano Unido lista 4, la mañana de este viernes 02 de octubre, registró oficialmente a todos sus candidatos a asambleístas ante el CNE de Los Ríos en Babahoyo.

Uno de los participantes para las elecciones 2021 es el exprefecto de Los Ríos, Marco Troya quien ahora apuesta por conseguir una curul en la Asamblea Nacional.

El CNE provincial comentó que Ecuatoriano Unido había realizado la inscripción de manera online, pero al parecer tuvieron problemas con la documentación, hasta ese momento ningún otro movimiento se había hecho presente.

Es por esto que los candidatos de la lista 4 son los primeros en oficializar sus candidaturas. Este movimiento político tiene como binomio presidencial a: Gerson Almeida (Presidente) y a Martha Cecilia Villafuerte (Vicepresidente).

Las campañas electorales iniciarán el jueves 31 de diciembre, hasta el jueves 4 de febrero de 2021. (GDF)

Fuente: Al Día

Sector de la banca, bajo la lupa de la Asamblea Nacional

La Asamblea Nacional llamará al pleno a las autoridades de la Superintendencia de Bancos; Superintendencia de Economía Popular; y de la Junta de Regulación Monetaria para que expliquen las acciones de control realizadas al proceso de reprogramación de pago cuotas por obligaciones con entidades del sistema financiero nacional público y privado.

La resolución planteada por el legislador Alberto Arias (ex AP), logró 115 votos a favor, quien explicó que existen casos en que entidades del sistema financiero, en estos momentos, cobran intereses de mora sobre el capital de valores diferidos, que no han podido ser cancelados por la crisis de la pandemia del COVID-19. Todo esto a sabiendas que la Ley Humanitaria, promulgada el 22 de junio pasado, y las resoluciones de a Junta Monetaria y Financiera lo prohíben.

La Superintendenta de Bancos, Ruth Arregui, debe informar sobre la muestra de datos recopilados hasta el momento de las diferentes operaciones de crédito del sector de la transportación en sus diferentes modalidades, la cual consta de 784 operaciones de crédito que se encuentran financiadas en 17 instituciones bancarias, y además de la cadena productiva y el sector turístico que están bajo la supervisión de la Superintendencia.

En cambio, la Superintendenta de Economía Popular y Solidaria, Sofía Hernández, tendrá que informar según la muestra de datos recopilados hasta el momento de las diferentes operaciones de crédito del sector de la transportación en sus diferentes modalidades, la cual consta de 1 935 operaciones de crédito que se encuentran financiadas en 154 cooperativas de ahorro y crédito; y además, de la cadena productiva y el sector turístico que están bajo supervisión de la Superintendencia.

En la resolución aprobada, los legisladores encargan a la Comisión de Fiscalización y Control Político que realice un seguimiento de la información proporcionada por la autoridades de la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Economía, Popular y Solidaria y de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, tras su comparecencia en este pleno.

La resolución no incluye fecha en que deberán realizarse las comparecencias.

Fuente: El Universo

Uno de estos 20 aspirantes podría presidir la Asamblea el próximo periodo

Hay 20 listas con 300 aspirantes para las 15 curules nacionales de la Asamblea. Es decir, no todos los partidos y movimientos políticos obtendrán uno de esos puestos.

Y es, precisamente, de entre los legisladores nacionales que se escoge -por tradición y no por una norma expresa- al presidente de la función Legislativa.

La primera sesión, que es autoconvocada para el 14 de mayo posterior a la elección, es presidida por el legislador más votado, acompañado de los dos siguientes.

Contraloría observa contratación y operación de asesores legislativos Y en esa primera plenaria, los 137 legisladores escogerán a sus autoridades, con la mayoría absoluta de votos (71).

Especialmente a los siete miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL). Y es ante el titular de la Asamblea, elegido en esa sesión, que el presidente de la República electo tomará posesión del cargo y juramento 10 días después, el 24 de mayo.

Entre los 300 aspirantes a legisladores nacionales hay rostros políticamente conocidos, así como 38 asambleístas que buscarán la reelección y 10 exlegisladores quieren volver al Parlamento.

Sin embargo, son quienes encabezan las listas lista quienes tienen más oportunidades de obtener una curul.

Uno de estos 20 aspirantes podría presidir la Asamblea el próximo periodo

Especialmente ahora que la votación será cerrada, es decir ‘en plancha’: Solo las listas más votadas tendrán posibilidad de ‘meter’ más de un legislador.

El perfil de quiénes encabezan las 20 listas nacionales y de entre quienes podría salir el próximo presidente del Legislativo:

Aunque las listas de candidatos que aceptaron las nominaciones aún tienen que ser calificadas por la autoridad electoral, para llegar a la papeleta de febrero, las candidaturas descalificadas suelen ser pocas.

El escenario para el próximo periodo legislativo dependerá de la dispersión de los votos y la cantidad de bloques que puedan conformarse en la Asamblea, para obtener el respaldo suficiente para nominar autoridades y negociar las presidencias de las mesas permanentes.

Y quien dirige el Parlamento cada dos años tiene la atribución de convocar, instalar, presidir, dirigir, suspender y clausurar las sesiones del Pleno y del Consejo, proponer el orden del día, ordenar las votaciones, someter al trámite correspondiente los proyectos de ley, acuerdos, resoluciones, informes, mociones y demás.

Es decir, el titular de la Asamblea puede acelerar o demorar procesos, como sucedió con los pedidos de juicio político en contra de los ministros de Finanzas y Gobierno, que llevaban hasta más de un año sin tramitarse.

Por lo que a las agrupaciones políticas no les alcanzará con ganar la Presidencia de la República el próximo año.

Ya que la relación entre el principal del Legislativo y del Ejecutivo será clave para tramitar los cambios legales que el próximo gobierno requiera.

Fuente: Primicias

Karina Arteaga, asambleísta, perdió inmunidad parlamentaria

La Asamblea Nacional levantó la inmunidad parlamentaria de Karina Arteaga, integrante del bloque de Alianza País y aliados (AP) y presidenta de la Comisión de Trabajo, para que pueda ser procesada por el supuesto delito de concusión. 

La resolución se dio hoy, miércoles 16 de septiembre del 2020, con 101 votos a favor, 2 en contra y 12 abstenciones, de entre 101 legisladores presentes en la sesión 682 del Pleno en modalidad virtual. 

La moción fue presentada por el presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), quien se vio forzado a corregir un error de procedimiento que obligó a que se anulara una de dos votaciones sobre esta causa. 

El error se produjo cuando en una primera votación no se cumplió con las formalidades para la aprobación del texto. Litardo debió encargar la presidencia a su coidearia Ana Belén Marín, primera vocal del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), para presentar el texto. 

Antes de la decisión del Pleno, Arteaga se declaró como una perseguida política y comentó que otras 60 parlamentarios tienen denuncias pendientes en la justicia, por lo que llamó a respetar la presunción de inocencia y el debido proceso.

 Aseguró que en su caso la Fiscalía cometió un error al pedir a la Corte Nacional de Justicia, que formule cargos en su contra por supuesta concusión, sin recibir las pruebas de descargo.

“Si la Fiscalía tiene la necesidad de seguir investigando, que lo haga, pero debería aceptar que cometió un error gigante al solicitar formular cargos cuando no había enviado diligencias y pruebas que hace poco presenté”, dijo. 

Arteaga refutó la denuncia presentada en su contra por una excolaboradora sobre supuestos “diezmos” o aportes indebidos de su sueldo. 

“La ciudadana denunciante dijo que pagaba USD 2 861 de su sueldo y le quedaba USD 400. Falso. Ella solo ganaba USD 2 700 y eso consta en los roles de la asamblea, ¡Cómo pagaba USD 2 861 y le sobraban USD 400!”, increpó.

 “La verdad es que el dinero que depositaba ella era mío. Ella mismo lo retiraba de mi cuenta y lo iba a depositar. Pruebas que han sido entregadas a la Fiscalía y que han desvanecido todas las acusaciones”, acotó. El caso de Arteaga, quien preside la Comisión de Trabajo de la Asamblea, es el primero en el que el Parlamento levanta la inmunidad parlamentaria en el actual periodo. 

“El presunto delito que se le imputa no es un delito común y la figura de inmunidad parlamentaria no exonera de posible responsabilidad penal a la prenombrada asambleísta en razón del ejercicio de su cargo, acorde con lo prescrito en el artículo 128 de la Constitución y el artículo 111 de la Ley de la Función Legislativa”, dice la resolución.

 Contra Arteaga, además, está pendiente la conformación de una Comisión Multipartidista que podría llevar a su destitución, antes de que pierda su investidura si se da una sentencia en firme. 

En lo que va del actual periodo, suman seis los asambleístas que, por distintas causas, han perdido sus curules, en medio de procesos judiciales. 

Los últimos son Viviana Bonilla, una de las sentenciadas del caso Sobornos, y Eliseo Azuero y Daniel Mendoza, quenes renunciaron y afrontan cargos por supuesta delincuencia organizada. Azuero está prófugo de la justicia. Entre 2018 y 2019, la Asamblea destituyó por irregularidades a Norma Vallejo (AP), Sofía Espín (RC) y Ana Galarza.

Fuente: El Comercio

6 asambleístas han perdido sus curules

La Asamblea retomará hoy el segundo debate de la Ley de la Función Legislativa, que incluye la creación de un Comité de Ética. Esto, cuando suman seis los asambleístas forzados a dejar sus curules en este período.

Viviana Bonilla (exAP) es la sexta asambleísta en entrar a este listado, ya que forma parte de los 20 sentenciados del caso Sobornos. El Parlamento solo está a la espera de la notificación de la Corte para posesionar a su alterno, Rodrigo Collaguazo, de forma definitiva.

Después de que no se diera paso a la casación, la pérdida de su curul es inevitable, pues la sentencia penal condenatoria ejecutoriada es una de las seis causales que estipula la Ley Legislativa.​Otra de las causales para perder ese cargo es la renuncia.

A ella se acogieron Daniel Mendoza, excoordinador del bloque AP-aliados, y Eliseo Azuero (BADI), quienes son procesados por supuesta delincuencia organizada. Con su decisión, ambos evadieron los procesos de destitución que enfrentaban en el Parlamento, como los que terminaron con la salida de Norma Vallejo (AP), Sofía Espín y Ana Galarza (exCreo), por irregularidades. Azuero renunció el martes pasado. Su paradero se desconoce desde hace un mes y medio.

Amapola Naranjo (RC), quien buscaba que fuese destituido, insistirá para que sea censurado en el Pleno. Una Comisión Multipartidista lo responsabilizó de gestionar cargos y fondos públicos. En las reformas a la Ley Legislativa se discute la posibilidad de crear un Comité de Ética, con cinco representantes de las bancadas, para que la Asamblea pueda responder a hechos de este tipo. A diferencia de las comisiones ocasionales, si el Comité se aprueba no actuaría solo por denuncias sino que investigaría de oficio a los legisladores que incurran en actos como el cobro de aportes a sus trabajadores, cuando no trabajen o se dediquen al ‘lobby’.

Los asambleístas, sin embargo, no se ponen de acuerdo aún en si esta instancia sesionaría de manera permanente o temporal. Entre otros, Eliseo Azuero y Viviana Bonilla fueron los que plantearon la creación de esta instancia. De los 137 legisladores, unos 60 afrontan procesos judiciales.

El segundo debate del proyecto se retomará este jueves, a las 15:00, después de poco más de siete meses de haber sido suspendido. La base es un informe que fue aprobado por la Comisión de Justicia, el 9 de mayo del 2019. “Hay que hacer acuerdos y llegar a consensos, no es una ley tan sencilla, es bastante amplia”, adujo el presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), al explicar la demora en el trámite de la reforma.

El proyecto se compone de 170 artículos. Lleva dos años en análisis, después de que otro fuera vetado en su totalidad por el Ejecutivo, el 12 de junio del 2017, por razones de constitucionalidad. Para César Rohón, coordinador del PSC, el hecho de que hasta ahora no sea aprobado demuestra que “no hay un continuo tratamiento de los temas” en el Parlamento. “Al paso que va, esto va a quedar para la próxima Legislatura”, advirtió. Marcela Aguiñaga (RC), expresidenta de la Comisión de Justicia, resaltó que el proyecto también apunta a que la Comisión de Fiscalización deberá sesionar de modo permanente y ya no podrá archivar o dejar en el limbo por falta de votos los pedidos de juicio político, sino enviar todos los expedientes al Pleno. Reorganización​Mientras tanto, el Pleno se instaló ayer para debatir una posible reestructuración de esta mesa parlamentaria, tras las renuncias de Azuero y de Mendoza y la investigación por supuesta concusión que enfrenta Karina Arteaga (AP), otra de sus integrantes. La presidenta de la Comisión, Johana Cedeño (AP), calificó de “improcedente e ilegal” al procedimiento; además, sostuvo que son “infundadas” las denuncias de supuestos repartos que afrontan otros de sus integrantes. “No existe ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica de la Función Legislativa ni en ningún reglamento un mecanismo para reestructurar una comisión antes del tiempo para el cual determina la ley”, ar­gumentó Cedeño. La postura coincidió con la del presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), y de los coordinadores del bloque de Creo, Luis Pachala, y del Bloque de Integración Nacional (BIN), Eddy Peñafiel.

Fuente: El Comercio.

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