Juicios políticos contra ministro de Salud y Trabajo pasan el primer filtro en la Asamblea

El Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) pidió a la Unidad Técnica Legislativa (UTL) que emita informes en relación a las solicitudes de juicio político contra los ministros de Trabajo, Andrés Isch, y de Salud, Juan Carlos Zevallos. Lo hizo con siete votos a favor.

La decisión se tomó después de que este organismo avocara conocimiento de los documentos que fueron presentados en enero pasado por los asambleístas Marcela Holguín (RC) y Ángel Sinmaleza (Suma) contra dichos funcionarios. Luego de esto, pasará a la Comisión de Fiscalización. Así lo dispone el artículo 68 de la reforma a la Ley Legislativa.

“Una vez conocida la solicitud, el CAL requerirá un informe técnico-jurídico no vinculante de cumplimiento de requisitos a la UTL, la misma que remitirá dicho informe en el plazo máximo de tres días”, dice.

La norma añade que “el CAL, en un plazo máximo de 10 días, desde la fecha de conocimiento de la solicitud de enjuiciamiento político, verificará el cumplimiento de los requisitos y dará inicio al trámite”.

Entre otros, la solicitud debe contar con 35 firmas de respaldo de los asambleístas. Después de que el CAL verifique el cumplimiento de los requisitos, el expediente irá a la Comisión de Fiscalización que podrá tomarse hasta un mes para sustanciar el caso y remitir al Pleno para una resolución.

Al ministro de Trabajo, Holguín lo acusa de incumplir sus funciones por no actuar frente a “despidos ilegales” y otros derechos vulnerados a trabajadores.

El asambleísta Sinmaleza busca que el ministro Zevallos sea interpelado por las denuncias de irregularidades en el manejo de la pandemia y el plan de vacunación, entrega fraudulenta de carnés de discapacidad y despidos de salubristas.

El Comercio

Asamblea: CAL deberá tramitar pedidos de juicio político al Ministro de Salud

La noche de ayer, la Asamblea Nacional aprobó una resolución con la que se exige al Presidente de la República Lenín Moreno, que destituya al Ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos. En el documento, entre otros puntos, se establece que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) deberá tramitar inmediatamente los pedidos de juicio político contra el funcionario.

Dichos pedidos de juicio político contra Zevallos han sido anunciados por las diferentes bancadas legislativas.

El asambleísta Ángel Sinmaleza (Suma) aseguró que comenzó a reunir las firmas que se necesitan para llevar al Ministro de Salud al trámite.  «Juan Carlos Zevallos se burla de los servidores de la salud que han estado salvando vidas durante la pandemia y hoy ha preferido beneficiar a su círculo familiar en el suministro de vacunas», escribió en su Twitter.

Por su lado, la legisladora Lourdes Cuesta (exCreo) también lo anunció en la red social, así como asambleísta del correísmo.

Tito Puanchir (PK), entre tanto, aseguró que su organización apoya el juicio político por lo que refirió que el proceso de vacunación en el país que comenzó la semana pasada tiene que ser transparente.

Para que se realice un juicio político se requiere que un asambleísta presente una solicitud, con el respaldo de 35 firmas de otros legisladores.

Luego el CAL lo calificará y lo remitirá a la Comisión de Fiscalización donde se revisarán las pruebas de cargo y descargo para elaborar un informe final que se presente ante el Pleno de la Asamblea.

Metro

La Asamblea debate moción para iniciar proceso de juicio político contra ministro de Salud

Este momento, el Pleno de la Asamblea debate una moción que propone iniciar con el proceso de juicio político en contra del ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, por el manejo del proceso de vacunación contra el COVID-19.

El cambio del orden del día para incluir esta moción de iniciativa del asambleísta Rodrigo Collaguazo (IND), que ingresó a la Asamblea por las filas de Alianza País (AP) antes que se divida, fue apoyada por total de 110 asambleístas. El resto de asambleístas presentes registraron 13 abstenciones, 1 negativo y 1 blanco.

«El ministro ha dicho que no puede dar información, es un secreto de Estado, los dineros con los que se compran esas vacunas es de todos los ecuatorianos, por qué se oculta aquello, ¿acaso se está ocultando la corrupción?, ¿por qué no da los nombres? o ¿acaso dando los nombres se va a saber que son familiares y amigos del presidente de la República, los ministros? (…) Si la información es confidencial, que venga a la Asamblea y en sesión reservada que lo diga», dijo Collaguazo, al citar la vacunación en el geriátrico frente al Hospital de los Valles.

Collaguazo, que ingresó a la Asamblea por las filas de Alianza País (AP), plantea exhortar al presidente Lenín Moreno para que destituya al ministro de Salud y que, en la Asamblea, se inicie, inmediatamente, un proceso de juicio político por incumplimiento de sus funciones. Además, que la Fiscalía General del Estado inicie investigaciones por posible tráfico de influencias.

Esta moción se unificará con otra presentada por la asambleista Doris Soliz (RC) y que también fue aprobada con 123 votos a favor para que Zevallos acuda al Pleno de la Asamblea a explicar la compra de vacunas, el cronograma de vacunación y, al igual que Collaguazo, a quienes se ha aplicado las primeras 8.000 dosis que llegaron al país. Sobre el mismo tema, también se pide la comparecencia del ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo.

Además, Soliz anunció que su bloque impulsará un proceso de juicio político en contra del ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos por el manejo del proceso de vacunación contra el COVID-19, en el país.

«Ecuador es el país con más alta mortalidad y con un manejo inadecuado de la pandemia (…) En el país tenemos una opacidad total y una falta de transparencia, una lluvia de denuncias que cuestionan el manejo de las vacunas frente a lo cual esta Asamblea no puede ser indiferente (…) las 8.000 vacunas están siendo administradas bajo un cuestionable anuncio por lo demás ilegal e inconstitucional del ministro de Salud de que lo hará confidencialmente», dijo Soliz.

Zevallos tendría que responder sobre los planes de compras para asegurara la vacunación universal, el cronograma de llegada de las dosis, cómo se distribuyó el primer stock de vacunas que llegó al país, los parámetros que se utilizaron para la adquisición de vacunas.

Y Pozo tendría que informar sobre el presupuesto asignado para enfrentar la pandemia, informar sobre el presupuesto ejecutado durante la pandemia en 2020 y las fuentes de financiamiento.

Esta tarde, el Pleno de la Asamblea estaba convocado para tratar las objeciones parciales del Ejecutivo a las reformas a las leyes orgánicas de Comunicación y de Movilidad Humana(I)

En la Asamblea se discute la pensión alimenticia hasta los 21 años

En un principio, se hablaba de la posibilidad de ampliar el Régimen de Protección Económica hasta los 24 años.

Sin embargo, el pasado martes 5 de enero de 2021 en la Asamblea Nacional se habló de que el nuevo Código Orgánico para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes otorgue protección económica de padres a hijos hasta los 21 años. 

A esta conclusión llegaron los legisladores que forman parte de la Comisión que trata temas de niñez y adolescencia. Aquellos alimentantes (hijos) que tengan hasta 21 años de edad y demuestren estar cursando estudios en cualquier nivel educativo podrán exigir el pago de pensión alimenticia a sus padres. 

En su reunión del pasado martes, los integrantes de la Comisión también discutieron sobre la aplicación de intereses por mora en caso de que los padres incumplan con el Régimen de Protección Económica, señala la Asamblea en un boletín. 

La Comisión -por otro lado- acogió una propuesta realizada por la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), que pide que el Consejo Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes sea el encargado de elaborar una tabla para la protección económica de mujeres embarazadas.  La asambleísta por Pichincha de SUMA Gabriela Larreátegui propuso que en el documento se establezca una fecha para la entrega de utilidades por carga familiar. 

Otro de los temas que se trataron en la mesa legislativa fue el de las adopciones.

Se revisaron los tipos de adopción, reglas generales, la limitación a la separación de hermanos; la edad para ser adoptado; requisitos de los candidatos a adoptantes; adopciones prohibidas; obligación de los adoptantes; los casos en los que procede la declaratoria de adoptabilidad, entre otros temas.

La Comisión volverá a reunirse este miércoles 6 de enero de 2021 para tratar los temas restantes que se plantean para discusión dentro del proyecto. 

EL Comercio

Permiso de cuenta propia será eliminado por la Asamblea Nacional

En la sesión solemne del cantón Valencia, provincia de Los Ríos, el presidente de la Asamblea, César Litardo, dio a conocer sobre la eliminación del permiso de cuenta propia en los sectores rurales del país.

El funcionario informó que han enviado una solitud formal al ministro de Obras Públicas, Gabriel Martínez, y en el directorio de este miércoles, 16 de diciembre de 2020, las autoridades tomarán la decisión.

“Para que el agricultor pueda transportar libremente sus productos del campo hacia los mercados, una noticia que permitirá también dinamizar y mejorar las economías como tal”, manifestó Litardo.

Fuente: Al Día

Candidatura de Abdalá Bucaram Ortiz a asambleísta nacional está ‘en firme’

La lista de candidaturas a asambleístas nacionales, auspiciados por el partido Fuerza Ecuador (FE) y por tanto, la participación del político y expresidente de la República, Abdalá Bucaram Ortiz como candidato a esa dignidad, en los comicios generales del 7 de febrero del 2021, está «en firme».

«El Tribunal ha considerado que Bucaram ha cumplido con los requisitos, nos dispone la inscripción automática, por lo que debemos enviar al departamento respectivo para cumplir (la sentencia). No hay opción a objeción. Ya está en firme la candidatura de Bucaram Ortiz», confirmó la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, en un diálogo con periodistas, la noche de este 8 de diciembre.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ordenó al Consejo Electoral que califique la lista de asambleístas nacionales por el partido Fuerza Ecuador, que está encabezada por Abdalá Bucaram Ortiz.

«Disponer la calificación de la lista de candidatos a asambleístas nacionales propuesta por el Partido Político FUERZA EC, lista 10, para el proceso electoral convocado para el 7 de febrero de 2021», dispone la sentencia, que fue aprobada con los votos de los jueces Arturo Cabrera, Ángel Torres y Joaquín Viteri el 4 de diciembre.

Bucaram Ortiz y el director de Fuerza Ec, Xavier Aguirre presentaron un recurso subjetivo contencioso electoral que fue aceptado por los magistrados, y en el que argumentan que el expresidente sí aceptó su candidatura de forma presencial.

«(…) Se concluye que el partido Fuerza EC Lista 10, realizó el proceso de elección primaria de sus candidatos a asambleístas nacionales, en forma presencial, el 23 de agosto de 2020, a la cual asistió un delegado de la administración electoral, Ronald Isaac Bermúdez Peña, frente a quien, Abdalá Bucaram Ortiz ha suscrito el acta de aceptación de la candidatura a primer asambleísta nacional, acta que si bien no contiene la firma del servidor electoral debido a su negativa, es evidente que lo hizo en presencia del delegado del CNE. Además, la segunda disposición transitoria del Reglamento para la Democracia Interna de las Organizaciones Políticas es aplicable para los casos en que se hubieran optado por realizar procesos de democracia interna en forma virtual», señala el fallo.

De los cinco jueces, la jueza Patricia Guaicha y Fernando Muñoz emitieron un voto salvado, en el que niegan el recurso subjetivo electoral y ratifican la decisión del CNE de no calificar la inscripción de los candidatos.

El 12 de octubre pasado, el pleno del CNE negó la inscripción de la lista de Fuerza EC, encabezada por Bucaram Ortiz, porque había incumplido con la presentación de su plan de trabajo, y tampoco se había presentado de forma personalísima ante un delegado del CNE, durante la etapa de democracia interna. La resolución se ratificó el 27 de octubre, al constatar que no se habían subsanado los requisitos.

Bucaram Ortiz guarda prisión domiciliaria al ser parte de una investigación fiscal bajo la presunción de estar implicado en el delito de delincuencia organizada, en la venta irregular de insumos médicos durante la emergencia sanitaria por el COVID 19; y por presunta tenencia ilegal de bienes patrimoniales.

Una vez confirmada su participación electoral, el exmandatario no podrá ser procesado penalmente, según el artículo 108 del Código de la Democracia, que establece que los candidatos «no podrán ser privados de la libertad ni procesados penalmente desde el momento de la calificación hasta la proclamación de resultados ni enjuiciados, salvo los casos de delito flagrante, delitos sexuales, violencia de género e intrafamiliar. Proclamados los resultados podrán activarse procesos penales​ ​contra ellos, y solo los candidatos​ ganadores gozarán de fuero de Corte, excepto en delitos de violencia intrafamiliar que no se reconoce fuero alguno​»​. 

Fuente: El Universo

Covid-19: Asambleísta Bairon Valle falleció este 8 de diciembre del 2020

Este martes 8 de diciembre del 2020 se conoció el deceso del asambleísta por el Guayas Bairon Valle Pinargote. Él se encontraba hospitalizado por causa del covid-19, así lo informó el coordinador de la bancada de la Revolución Ciudadana, Pabel Muñoz. 

Tras conocerse la noticia, se suspendió la sesión 688 de la Asamblea Nacional en memoria del asambleísta. En el Legislativo se trataba la Ley De Extinción De Dominio, esta se retomará el 10 de diciembre.

El presidente de la Asamblea, César Litardo expresó su profundo pesar para  la familia. Amigos, familiares y compañeros de bancada expresaron sus condolencias en redes sociales.

Fuente: El Comercio

Asamblea Nacional aspira integrar un comité ética para juzgar la conducta de los legisladores

La Asamblea Nacional tiene previsto integrar, este 1 de diciembre, el Comité de Ética como organismo interno de la Función Legislativa que se encargará de juzgar la conducta de los asambleístas y emitir informes para su sanción en el pleno.

Las últimas reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, vigentes desde 6 de noviembre pasado, otorga el plazo de 30 días para que la Asamblea integre este organismo que se encargará de sustanciar las denuncias en contra de aquellos asambleístas que hayan incurrido en prohibiciones como ofrecer, tramitar o administrar recursos del presupuesto del Estado, cobrar diezmos a sus colaboradores, gestionar nombramientos de cargos públicos o celebrar contratos con entidades del sector público, entre otras.

El Comité estará integrado por cinco miembros permanentes, designados de manera individual, por el pleno con mayoría absoluta, y funcionará únicamente para conocimiento y procesamiento de denuncias sancionadas con destitución, por lo tanto, no podrá actuar de oficio.

Tras las reuniones y deliberaciones interna de las bancadas, el Comité lo integrarían: Fernando Callejas (CREO); Patricia Henríquez (PSC); Rubén Bustamante (AP); Eddy Peñafiel (BIN), aún se desconoce el delegado del grupo de legisladores de la Revolución Ciudadana.

Según lo establece el procedimiento, las denuncias contra los asambleístas procederán con el respaldo del 10% de los miembros de la Asamblea Nacional; deberá ser notariada. La denuncia deberá ser motivada, exponiendo los hechos en los que se funda y la prohibición en que la haya incurrido el asambleísta.

La Ley también permite a los funcionarios de la Asamblea presentar directamente la denuncia ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL), en caso de incumplimiento de la prohibición relativa a recepción de supuestos derechos, comisiones, cuotas, aportes, contribuciones, rentas, intereses, remuneraciones o gratificaciones no debidas por parte del equipo de trabajo a cargo del legislador.

En este caso, el Presidente de la Asamblea tiene un plazo máximo de tres días para remitir la denuncia al CAL, para que en cinco días pueda ser calificada o desechada. En caso que una denuncia sea calificada el proceso de investigación en el Comité de Ética que concluirá con un informe demorará 20 días, donde se garantizar el derecho a la defensa del denunciado.

Si el proceso de investigación recomienda la destitución del asambleísta denunciado, el pleno de la Asamblea conocerá el informe y definir la salida del legislador con el voto de una mayoría calificada de sus integrantes; en este caso, con 91 voluntades. (I)

3 bancadas votarán en bloque y 2 darán libertad a sus integrantes para juicio político a ministra Romo

Antes de que a las 10:00 de hoy, martes 24 de noviembre de 2020, el Pleno de la Asamblea se instale para el juicio político a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, las principales fuerzas políticas adelantaron cómo votarán en este proceso.

Maurio Proaño, coordinador de la Revolución Ciudadana, dijo que su bancada que agrupa a 30 legisladores votará a favor de la censura y destitución de la Secretaria de Estado. Igual postura tomó el Partido Social Cristiano (PSC), según anticipó Dennis Marín, uno de sus 17 integrantes.

El coordinador de Creo, Luis Pachala, confirmó que también votarán en bloque, aunque no adelantó si a favor o en contra de la destitución. Entre los 18 integrantes de esta bancada, hay criterios como los de Patricio Donoso, Fernando Callejas o Fernando Flores, críticos a que Romo sea censurada por un supuesto incumplimiento de funciones en las protestas de octubre de 2019.

En cambio, el Bloque de Integración Nacional (BIN), que controla a 12 curules, informó en un comunicado que anoche en una reunión virtual decidió «dejar en libertad a sus integrantes respecto de la votación».

En Alianza País (AP), tampoco se logró consensuar una postura para votar en bloque. Se trata de uno de los grupos menos orgánicos al momento de las votaciones.

Fausto Terán, uno de los 38 integrantes de la bancada de AP, sostiene que el proceso carece de pruebas contundentes para que Romo sea destituida. Aunque José Serrano, votó a favor del informe que recomienda esta sanción, en la Comisión de Fiscalización. Para una censura y destitución a la Ministra se deben reunir al menos 91 votos en el Pleno.

Para esta decisión también será clave cómo voten una veintena de legisladores independientes. La sesión se dará vía telemática y Romo ejercerá su defensa desde el salón de banquetes del Palacio de Gobierno.

El uso de bombas lacrimógenas caducadas y la supuesta acción policial en centros que acogieron a manifestantes en octubre de 2019 son las causales.

Fuente: El Comercio

Ecuador prohíbe plásticos de un solo uso; la ley será progresiva

La Asamblea Nacional aprobó este jueves 5 de noviembre la prohibición de fabricación, importación, distribución y comercialización de artículos de plástico de un solo uso, como bolsas, sorbetes, contenedores, entre otros. Aunque da un plazo de tres años para la plena vigencia de esta decisión.

La norma establece que la ley será progresiva con plazos al final de cada año, por ejemplo, en los primeros 12 meses quedarán prohibidas la comercialización y uso de bolsas o envases para bebidas y alimentos de consumo humano, también de envoltorios de un solo uso para la entrega de publicidad, diarios, revistas y otros formatos de prensa escrita y toda información dirigida a consumidores, usuarios o ciudadanos.

También dispone que los artículos plásticos de uso múltiple deberán contener al menos un 60% de materia prima reciclada y además sanciones entre 400 y 80.000 dólares para quienes incumplan esta ley.

Uno de los asambleístas que aprobó y apoyó esta ley, César Ron, del partido Social Cristiano, dijo que “se tiene que trabajar con los municipios a lo largo y ancho del país para que la basura plástica sea recogida y sirva de base, de materia prima para venderla a la industria”.

Con esta iniciativa legal, Ecuador se suma a países como Chile, que desde 2017 adoptó una ley similar, Perú, en 2018, y Costa Rica y Uruguay el año pasado.

AFP

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