Deuda a bancos: calificación en el Buró de Crédito entra en vigencia

La Central de Riesgo, ahora llamado Buró de Crédito, siempre ha sido una referencia para la obtención de un préstamo y esta calificación puede peligrar después del 12 de noviembre para quienes han optado por un diferimiento extraordinario y no lo cumplan, de acuerdo con la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca).

«Si un cliente no puede cumplir con los pagos establecidos esta operación entrará en mora a los 15, 30 o 60 días, dependiendo del tipo de crédito y pasará a ser considerada como cartera vencida», explica Julio José Prado, presidente de Asobanca, quien señala que el ciudadano siempre aparecerá en el Buro de Crédito cuando tenga historial crediticio, la diferencia es la calificación que tenga: sea negativa o positiva.

Las personas que están al día en sus deudas tienen una calificación positiva en el Registro de Datos Crediticios.

Según lo establecido en la Ley de Apoyo Humanitario y la resolución 588-2020-F de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, el mecanismo de diferimiento extraordinario está vigente 60 días adicionales, luego de la terminación del estado de excepción, es decir, que los clientes podrán acogerse a las medidas de aplazamiento hasta el 12 de noviembre.

Según Asobanca, durante la pandemia COVID-19, la banca ha realizado más de 2,1 millones de operaciones de diferimientos y ha otorgado más de $ 10.000 millones en alivio financiero.

«Esto significa que el 35% de la cartera total de la banca recibió un alivio financiero, lo cual permitió dar a los clientes un respiro en el pago de sus obligaciones en el momento más duro de la pandemia», dice Prado.

Lo que dice la Ley

El artículo 12 de la Ley de Apoyo Humanitario dispuso que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera emita una resolución para que durante el estado de excepción –y hasta 60 días después de finalizado este– todas las entidades del sistema financiero y las emisoras de tarjetas de crédito y aquellas personas jurídicas que no forman parte del sistema financiero y que tengan como giro del negocio operaciones de crédito efectúen procesos de acuerdos con sus clientes para reprogramar el cobro de cuotas mensuales, incluidas cuotas impagas. Durante ese periodo del diferimiento, las entidades quedaron prohibidas de generar intereses de mora sobre el capital de los valores diferidos.

Morosidad creció en septiembre

El índice de morosidad creció en septiembre y está 4,07%, lo que representa un incremento de 1,1 puntos porcentuales en relación con agosto y 1,1 puntos porcentuales en relación con septiembre de 2019.

La morosidad por segmento es de 1,25% para el segmento comercial, 6,74% en consumo, 5,26% en vivienda y 5,97% en microcrédito.

Para evitar caer en mora, Prado sugiere buscar los mecanismos bancarios. «Los clientes que tengan dificultad en cumplir con sus obligaciones crediticias pueden acudir a su banco para analizar su caso y buscar opciones para refinanciamiento, reestructuración o novación de su operación de crédito en función de su capacidad actual de pago. El banco siempre está abierto a encontrar opciones para que el cliente pueda pagar sus deudas, mucho más en la coyuntura actual», afirma Prado. 

Fuente: El Universo

Sector de la banca, bajo la lupa de la Asamblea Nacional

La Asamblea Nacional llamará al pleno a las autoridades de la Superintendencia de Bancos; Superintendencia de Economía Popular; y de la Junta de Regulación Monetaria para que expliquen las acciones de control realizadas al proceso de reprogramación de pago cuotas por obligaciones con entidades del sistema financiero nacional público y privado.

La resolución planteada por el legislador Alberto Arias (ex AP), logró 115 votos a favor, quien explicó que existen casos en que entidades del sistema financiero, en estos momentos, cobran intereses de mora sobre el capital de valores diferidos, que no han podido ser cancelados por la crisis de la pandemia del COVID-19. Todo esto a sabiendas que la Ley Humanitaria, promulgada el 22 de junio pasado, y las resoluciones de a Junta Monetaria y Financiera lo prohíben.

La Superintendenta de Bancos, Ruth Arregui, debe informar sobre la muestra de datos recopilados hasta el momento de las diferentes operaciones de crédito del sector de la transportación en sus diferentes modalidades, la cual consta de 784 operaciones de crédito que se encuentran financiadas en 17 instituciones bancarias, y además de la cadena productiva y el sector turístico que están bajo la supervisión de la Superintendencia.

En cambio, la Superintendenta de Economía Popular y Solidaria, Sofía Hernández, tendrá que informar según la muestra de datos recopilados hasta el momento de las diferentes operaciones de crédito del sector de la transportación en sus diferentes modalidades, la cual consta de 1 935 operaciones de crédito que se encuentran financiadas en 154 cooperativas de ahorro y crédito; y además, de la cadena productiva y el sector turístico que están bajo supervisión de la Superintendencia.

En la resolución aprobada, los legisladores encargan a la Comisión de Fiscalización y Control Político que realice un seguimiento de la información proporcionada por la autoridades de la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Economía, Popular y Solidaria y de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, tras su comparecencia en este pleno.

La resolución no incluye fecha en que deberán realizarse las comparecencias.

Fuente: El Universo

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