Los implicados en el ‘Vacunagate’ pueden ir hasta 8 años a la cárcel en Perú

Los principales implicados en el ‘Vacunagate’, la inoculación en secreto de la vacuna contra el ccovid-19 que recibieron funcionarios peruanos, como el expresidente Martín Vizcarra, sus familiares e «invitados», pueden ser condenados hasta a ocho años de prisión por delitos de corrupción en Perú.

«Sin duda alguna, estamos ante hechos delictivos», afirmó este miércoles 17 de febrero del 2021 a Efe el abogado penalista Carlos Rivera, antes de mencionar acciones tales como negociación incompatible, concusión, cohecho y complicidad en corrupción de funcionarios, por los que la Fiscalía peruana ya ha abierto una investigación preliminar.

Los personajes más comprometidos en este caso, agregó el jurista, son las exministras de Exteriores Elizabeth Astete y de Salud Pilar Mazzetti, así como el expresidente Vizcarra, además del médico Germán Málaga, director de los ensayos clínicos de la vacuna del laboratorio chino Sinopharm que se hicieron en el país.

El «Vacunagate» estalló a fines de la semana pasada con la revelación de que Vizcarra había recibido en secreto la vacuna de Sinopharm, y esta semana se publicó una lista de 487 personas que también recibieron las dosis. «Este caso tiene que llegar a los tribunales porque el hecho ilegal es absolutamente evidente», remarcó Rivera antes de recordar que los implicados admitieron su participación, aunque aseguran que cometieron «un error», y «la evidencia de los hechos es demoledora».

Negociación incompatible En el caso de Astete, Rivera dijo que no solo ha sido funcionaria, sino que tuvo a su cargo las negociaciones para la compra de vacunas, por lo que podría ser acusada de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, que se sanciona hasta con ocho años de cárcel en el país.

El jurista remarcó que además de ocultar su vacunación, la exministra incumplió el código de ética de la gestión pública y vulneró la norma que estableció que el personal sanitario que lucha contra la pandemia debe ser vacunado en primer lugar.

Este mismo delito puede alcanzar a otros funcionarios de Exteriores que participaron en la negociación de las vacunas, así como a funcionarios del Ministerio de Salud (Minsa) si es que intervinieron o tuvieron poder de decisión en la adquisición.

Solicitar beneficios Otro grupo puede ser acusado del delito de concusión, que califica el acto del funcionario público que solicita un beneficio, que puede ser o no patrimonial, y que también se sanciona con hasta ocho años de cárcel. Además, también se puede incluir a los familiares, amigos e «invitados» que se beneficiaron de manera indebida con la vacunación y han admitido que recibieron las dosis.

Entre los implicados en este delito puede estar la exministra Mazzetti, aunque si se confirma que ella fue parte del equipo negociador sería incluida en el primer grupo «de personas en situación más agravada», acotó Rivera. Vizcarra: Entre la concusión y el cohecho En el caso del expresidente Vizcarra, quien ha admitido que se vacunó junto con su esposa y su hermano mayor, aunque asegura que lo hizo como voluntario de los ensayos clínicos, Rivera sostuvo que puede ser incluido en el delito de concusión o acusado de cohecho.

«A Vizcarra me parece que no se le podría acusar de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo porque él más allá de ser presidente de la República, la propia ley de contrataciones del Estado establece que un presidente no negocia nada», acotó.

Por otra parte, para el experto, Málaga debe ser considerado «como un privado», ya que el ensayo de las vacunas estuvo a cargo de una universidad particular, pero sí puede ser incluido «en calidad de cómplice» en una acusación por corrupción de funcionarios, que contempla las mismas penas que los otros delitos.

«A pesar del rol tan protagónico que ha tenido, en un caso de corrupción de funcionarios seguramente va a ser considerado como cómplice primario, en el sentido de que su intervención ha sido decisiva para cometer ese hecho delictivo», acotó.

Despertar de una noche negra Rivera, quien es un reconocido defensor de los derechos humanos en su país, consideró que este caso es «lamentable e indignante» y recordó «todo lo que ha vivido» su país desde la década de los años 90, con el Gobierno de Alberto Fujimori, y la posterior «reacción de Perú y del sistema de justicia», hasta llegar a otros grandes destapes de corrupción actuales, como el caso Lava Jato.

«A pesar de todo eso creo que el Perú no ha logrado corregir estos aspectos tan sustanciales de cómo manejar la cosa pública, de cómo manejar los aspectos del Estado a partir de los asuntos personales», sostuvo.

El abogado agregó que aunque en el «Vacunagate» no se habla «ni de coimas, ni de dádivas, ni de cientos de miles de dólares entregados a las autoridades» sí hay «un problema probablemente tan grave como ese, que es el beneficio indebido de las autoridades y de los amigos y de los familiares de las autoridades».

«Creo que el Perú ha tenido que despertar de una noche muy negra en la que nos damos cuenta de que casi hemos desperdiciado dos décadas completas de lucha contra la corrupción, porque esto me da la impresión de que nos hace retornar a un punto que nos dice que no hemos aprendido nada», lamentó.

Fuente: El Comercio

29 años de cárcel para entrenador que violó a una de sus alumnas en Ecuador

El entrenador de básquetbol Carlos Julio M. fue condenado a 29 años y cinco meses de cárcel por la violación de una deportista de 9 años, cuando dirigía en La Libertad, Ecuador. Así lo dio a conocer este viernes 29 de enero del 2021 la Fiscalía General del Estado en un comunicado. El hombre violó a la víctima en el interior del coliseo de deportes San Francisco en los años 2013 y 2014, según la Fiscalía. La menor de edad era parte de un equipo que era dirigido por el ahora sentenciado. 

La madre de la menor de edad presentó la denuncia en la Fiscalía en el año 2018, luego de enterarse que el profesor había sido sentenciado por otra causa que empezó otra menor de edad por abuso sexual.  La madre de la víctima dijo que su hija no había denunciado el hecho por haber recibido amenazas de muerte por parte del agresor. El proceso investigativo se inició el 10 de junio del 2019, según la Fiscalía. 

Otro menor de edad, que tenía 10 años cuando sucedieron los hechos, presenció una de las agresiones que ocurrían en el interior de los baños del coliseo de deportes San Francisco. Él fue uno de los testigos de la audiencia de juzgamiento Además del testimonio del testigo, durante el juicio, que se llevó a cabo en la Unidad Judicial Penal de La Libertad intervinieron 12 testigos.

La madre de la víctima, peritos médicos, psicológicos y agentes aprehensores e investigadores testificaron. Asimismo, se presentó el testimonio anticipado de la víctima quien «identificó plenamente a su agresor», según la Fiscalía. 

Los informes médico-legal psicológico que, de acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, demostraron «el daño emocional a la menor», el informe investigativo, de reconocimiento del lugar de los hechos y la denuncia de la madre también fueron presentados durante la audiencia. 

Además de la pena de cárcel, el Tribunal de Garantías Penales dispuso que el ahora sentenciado pague una multa de 800 salarios básicos unificados (USD 320 000) y USD 5 000 de indemnización por concepto de reparación integral a la víctima. 

Asimismo se ordenó que una institución de salud de la provincia otorgue tratamiento psicológico y rehabilitación para la víctima y su madre. El Código Orgánico Integral Penal (COIP), sanciona el delito de violación con una pena privativa de libertad de 19 a 22 años.

Para este caso además se tomaron en cuenta los agravantes establecidos en el artículo 48 numeral 9 que aumentan en un tercio la pena impuesta al agresor.

El Comercio

22 años de cárcel para el asesino de un futbolista profesional en Ecuador

La Fiscalía General del Estado dio a conocer este martes 26 de enero del 2021 que un hombre recibió una sentencia de 22 años de cárcel por su participación en el asesinato de Christian Jordán G.T., jugador profesional de fútbol.  La sentencia fue dictada en contra de Héctor Antonio Q.

por parte del Tribunal de Garantías Penales de Esmeraldas. La audiencia del caso se realizó el pasado 18 de enero del 2021.  El futbolista perdió la vida el 1 de enero del 2020 en el malecón del río Qunindé.

Según la Fiscalía, Christian Jordán G.T. se encontraba en el lugar celebrando el año nuevo cuando, a eso de las 10:30 se produjo una riña entre él y su victimario. Hector Antonio Q. «disparó con una pistola subametralladora semiatuomática y terminó con la vida del joven de 19 años», señala la Fiscalía.  Christian Jordán G.T. se desempeñaba como jugador profesional de un equipo de fútbol de la capital y presentó tres impactos de bala en el tórax que causaron su muerte. 

Durante la audiencia, el fiscal Ángel Eduardo Badillo presentó los testimonios de cinco personas que presenciaron el hecho, la prueba balística del proyectil que fue localizado en el cuerpo de la víctima y el cotejamiento de balas con el arma de fuego que fue encontrada en el malecón donde el joven futbolista fue asesinado. 

Asimismo, el Fiscal presentó «la pericia de identidad humana de los videos que fueron remitidos por el ECU 911, el cotejamiento fisonómico del procesado y la secuencia de imágenes del mismo sistema». 

El testimonio de los policías que persiguieron al ahora sentenciado, el informe de la necropsia que se practicó al cadáver fueron también parte de las pruebas que se conocieron durante la audiencia.  Además de la pena de cárcel,  los jueces ordenaron que Héctor Antonio Q. pague una suma de USD 100 000 como reparación integral a la familia de la víctima. 

El hombre fue procesado por el delito de asesinato, tipificado en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal, además se consideró las agravantes establecidas en el artículo 47, numeral 4 del cuerpo legal. 

El Comercio

261 privados de libertad votarán en la cárcel de Cotopaxi

Los funcionarios de la Delegación Provincial Electoral de Cotopaxi informaron que 42 mujeres y 219 hombres se encuentran habilitados para sufragar el jueves 4 de febrero de 2021.

Las personas privadas de la libertad aún no tienen una sentencia condenatoria ejecutoriada por lo que podrán ejercer su derecho al voto en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Social (CRS) Sierra Centro Norte Cotopaxi.

Según los delegados del CNE Cotopaxi se colocarán dos Juntas Receptoras del Voto que estarán conformadas por un funcionario del Centro de Rehabilitación Social (CRS) Sierra Centro Norte, una persona privada de libertad (PPL) y un funcionario del CNE.

Mientras un grupo de agentes penitenciarios y de la Policía Nacional se encargará de la seguridad de uno de los patios donde se realizará el sufragio. También se informó que las actividades en el resto de pabellones se desarrollarán con normalidad.

Mientras en la cárcel de Ambato ejercerán el voto 101 hombres y 17 mujeres. Las detenidas no tendrán una mesa donde sufragar sino que funcionarios del CNE entregarán un sobre con las papeletas para que ejerzan su derecho al voto.

El Comercio

Policía busca a tres personas que escaparon de la Cárcel de Cotopaxi

La Policía Nacional busca a tres personas que escaparon de la Cárcel Regional de Cotopaxi hoy, viernes 8 de enero del 2021.

Los detenidos evadieron las seguridades del área de máxima seguridad del centro penitenciario. Víctor T., Marlon M., y Oswaldo H., estaban sentenciados por el delito de violación y habían cumplido entre el 11 y 12% de su condena.

En la cuenta de Twitter de la Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) se detalla que: “La Policía Nacional ejecuta el operativo de búsqueda y recaptura de los PPL que evadieron los controles de seguridad del Centro Penitenciario Cotopaxi N° 1”.

Juan Carlos Salazar, jefe de la Subzona de Policía de Cotopaxi, explicó que se desplegó, desde las 07:30 se dio la alarma, a todas las elites de la Policía e inteligencia para localizar a las personas que fugaron.

“Montamos operativos en La Maná, Mejía, Pangua, Angamarca, Tambillo, Latacunga y Pujilí, pero aún no hay resultados”. Mencionó que se están revisando los vídeos para conocer cómo y por qué sitios escaparon.

Tenemos el reporte de la identificación de quienes evadieron las seguridades, esperamos tener resultados positivos. Aseguró que al momento se reforzaron las seguridades en la parte exterior de la cárcel.

En tanto el Departamento de Comunicación de la SNAI informó que en las próximas horas se entregará información de lo ocurrido en el centro carcelario.

El Comercio

Corte condena a dos años de cárcel a la exasambleísta Norma Vallejo

El Tribunal integrado por los jueces Daniella Camacho (ponente), David Jacho y Wilman Terán, rechazaron el jueves 7 de enero del 2021 el recurso de apelación presentado por la exasambleísta Norma Vallejo y la condenaron a cumplir una sentencia de dos años de cárcel por concusión en el caso denominado Diezmos.

El Tribunal decidió agravar la condena de Vallejo, pues en primera instancia fue sentenciada a un año de cárcel. Eso se hizo por pedido del fiscal subrrogante, Wilson Toainga, quien dijo que en primera instancia no se hizo un cálculo adecuado de la pena.

Este jueves, Ana Lucía Maldonado, abogada de Vallejo, señaló que en la sentencia de primera instancia no había claridad de los argumentos. También pidió al Tribunal que se otorgue la suspensión condicional de la pena.

Este recurso es un beneficio que permite a las personas condenadas por delitos menores cumplir la sentencia en libertad, a cambio de que realicen acciones sociales, tengan trabajo y registren un buen comportamiento. Según la Fiscalía, la exlegisladora exigió y recibió aportes no voluntarios de sus entonces colaboradores en la Asamblea.

Las investigaciones demostraron que recibió dinero en efectivo y en su cuenta personal. Por eso fue acusada como autora de ese delito. Además, el dinero era pedido a cambio de mantener sus cargos en el Legislativo. Solicitaba entre el 10% y 50% del salario, según la investigación.

En primera instancia se le ordenó además pagar USD 9 050 a las víctimas, exasesores de Vallejo quienes denunciaron el ilícito, y USD 14 000 al Estado.

Se dispuso la publicación de la sentencia en tres diarios de difusión nacional y disculpas públicas durante una sesión del Pleno de la Asamblea. Con esta sentencia, Vallejo queda impedida de ser candidata a cargos públicos y contratar con el Estado por el tiempo que dura la pena.

EL Comercio

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