Ecuador anuncia compra unificada de medicinas para evitar corrupción

El Gobierno de Ecuador anunció este lunes 16 de noviembre del 2020 su intención de aplicar un sistema para la «compra unificada de medicamentos», para mejorar el gasto fiscal en salud y evitar eventuales acciones de corrupción en este tipo de operaciones.

El sistema involucra a las unidades de atención sanitaria de todo el sistema público que lo componen, hospitales y centros de atención del Ministerio de Salud y de los institutos de Seguridad Social (IESS), de las Fuerzas Armadas (Issfa) y de la Policía (Isspol).

El director del IESS, Jorge Wated, explicó en una rueda de prensa que el sistema de compra unificada de medicinas otorgará transparencia a este tipo de operaciones.

El anuncio se da en un momento en que han saltado varios escándalos de aparente corrupción en la compra de medicamentos e insumos médicos para atender la emergencia sanitaria generada por la pandemia de covid-19.

Asimismo, se han denunciado varios hechos relacionados con el almacenamiento de medicinas con fechas de vigencia ya expiradas. Wated dijo que el nuevo sistema busca evitar la compra fragmentada por parte de cada una de las unidades de atención sanitaria del país, y que se optimizará ese gasto con una adquisición organizada e integral de medicamentos.

Asimismo, el sistema permitirá que los medicamentos se entreguen «según las necesidades» a través de un operador logístico que proporcionará información en tiempo real del fármaco entregado y la recepción del mismo por parte del paciente.

«No existe otra alternativa para poder generar un control adecuado» en la adquisición y el flujo de los medicamentos a través de la red nacional de atención de salud, remarcó Wated. De su lado, Xavier Solórzano, el viceministro ecuatoriano de Salud, aseguró que el antiguo sistema obedecía a un afán de «descentralización» de la administración pública, pero que no funcionó en este apartado.

El nuevo sistema busca «negociar con proveedores» la adquisición masiva e integral de medicinas para «aprovechar la economía de escala», mencionó Solórzano al destacar que con esta iniciativa también se eliminará el almacenamiento excesivo y por largo tiempo de los medicamentos en bodegas.

El sistema implica la entrega de una «receta electrónica» que permitirá hacer un seguimiento del medicamento, así como corregir eventuales errores en su prescripción. Silvana Vallejo, directora del Servicio de Contratación Pública (Sercop) aseguró que esta iniciativa busca un «cambio estructural en la adquisición de medicamentos y bienes estratégicos» del Estado, por lo que espera que lo mantenga el futuro gobierno que surgirá de las elecciones generales del próximo 7 de febrero.

Según Vallejo, este es un programa nacional de largo alcance que busca garantizar la calidad del gasto público y la transformación digital del sistema de atención sanitaria. La directora del Sercop indicó que se prevé lanzar la «licitación corporativa» de medicinas para la red nacional de asistencia sanitaria el próximo 30 de noviembre y que una etapa precontractual, mediante una operación de «subasta inversa», se prevé para el próximo 4 de enero.

Asimismo, indicó que la «etapa contractual del operador logístico», que se encargará de almacenar y distribuir los medicamentos, se realizaría el 24 de febrero del próximo año y estimó que el sistema esté listo para el 20 de febrero de 2022.

El sistema de salud pública, compuesto por unas 3.000 unidades en todo el territorio, realiza diariamente las adquisiciones de medicinas, cuyo presupuesto anual asciende a unos USD 1 000 millones.

EFE

Esteban Paz: investiguemos la corrupción del fútbol ecuatoriano

Ante la polémica surgida a raíz de los malos arbitrajes en la cuarta jornada de la LigaPro, que provocaron la renuncia de Carlos Manzur, quien ejercía como presidente de la Comisión de Arbitraje de la FEF, el dirigente de Liga de Quito Esteban Paz pidió una «investigación para saber qué dirigentes corrompen al fútbol».

«Terribles comentarios de Carlos Manzur para tomar la decisión de renunciar a la Comisión de Arbitraje, sin duda alguna, argumentos de sobra para que FEF y LigaPro realicen una profunda investigación y saber con claridad qué dirigentes son los que denigran y corrompen al fútbol», escribió Paz en su cuenta de Twitter.

Manzur sostuvo en diálogo con El Universo y manifestó que «los dirigentes están concentrados en tratar de controlar el arbitraje para que sus rivales no lo hagan», agregando que «ese es el nivel de desconfianza que se vive y así no se puede trabajar».

Además, justificó su renuncia asegurando que «no hay condiciones para buscar un cambio verdadero»

Fuente: El Universo

Corrupción causa rechazo a vigilantes de Comisión de Tránsito

El pasado 9 de septiembre, a través de redes sociales, se denunció una supuesta extorsión por parte de un agente de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) a una conductora que se movilizaba, en la provincia de El Oro. 

Y es, precisamente, este tipo de situaciones las que generan rechazo por parte de otras ciudades en las que la CTE busca tener jurisdicción para el control de carreteras. 

 A través de un comunicado «la provincia de Cotopaxi informó que por mayoría de los alcaldes que la conforman ha decidido no aceptar el ingreso de la Comisión de Tránsito del Ecuador en las carreteras estatales que atraviesan nuestra provincia, por lo tanto que continúe la Policía Nacional con el control del tránsito en las carreteras».  Por su parte, el ministro de Transporte, Gabriel Martínez, explicó que no se había decidido que la CTE ingrese a la provincia.

Una postura similar, la dio a conocer Leonardo Maroto, alcalde de Pelileo y presidente de la mancomunidad de Tránsito formada por los cantones de la provincia de Tungurahua. Ante esto, el director de la CTE, Eduardo Ayala, aseguró que conversó con las autoridades de Tungurahua y que buscan acercamientos.

6 entidades y 17 sospechosos en red de corrupción de asambleístas

Los testimonios anticipados de cuatro de los implicados, entre ellos Daniel Mendoza, revelaron más detalles.

La Fiscalía está con el tiempo en contra para vincular a más personas. La red de corrupción que involucra a los exasambleístas Daniel Mendoza y Eliseo Azuero tiene más implicados.

Los testimonios anticipados de Daniel Mendoza y sus colaboradores cercanos (Jean Carlos Benavides, Franklin Calderón y José Véliz) dieron nuevas pistas del funcionamiento de la estructura en, al menos, seis instituciones públicas:

Servicio de Contratación de Obras (Secob)

Asamblea Nacional

Ministerio de Gobierno – Gobernaciones

Agencia Nacional de Tránsito (ANT)

Ministerio de Salud (MSP)

Secretaría de la Reconstrucción

Las versiones de los implicados se juntan a otras dadas de manera libre y voluntaria desde que se inició el caso. Modus operandi

Modus operandi

1. Servicio de Contratación de Obras (Secob)

El terreno donde se tiene previsto construir el hospital de Pedernales, el pasado 5 de junio de 2020.
El terreno donde se tiene previsto construir el hospital de Pedernales, el pasado 5 de junio de 2020. Cortesía

Eliseo Azuero era quien tenía el poder político en esta institución. Así lo han asegurado Daniel Mendoza y René Tamayo, quien fue recomendado por el propio Azuero para dirigir esta entidad. 

Además, Azuero impulsó el nombramiento de Jorge Jalil como subdirector del Secob. Según los testimonios, Jalil coordinó la adjudicación de la obra del Hospital de Pedernales al Consorcio Manabí – Pedernales, cuyo representante es José Véliz, amigo cercano de Mendoza. 

Y la red también tenía a sus delegados en la Comisión Técnica que revisó las ofertas y recomendó la adjudicación. 

Entre Jalil, Juan Carlos Guerra, presidente del Colegio de Ingenieros de Manabí; José Véliz, representante del Consorcio; y Franklin Calderón, hombre de confianza de Mendoza; acordaron el reparto de sobornos por el 12% del total de la obra.

3% para Mendoza.
3% para Jalil.
USD 90.000 para cada asambleísta del BADI.
USD 180.000 para Eliseo Azuero.
USD 80.000 para José Véliz. 

Además de la obra de Pedernales, Azuero y Mendoza también participaron en la adjudicación de la fiscalización del hospital de Bahía de Caráquez. En esa transacción recibieron USD 350.000 en coimas.

Tamayo también indicó que entregó cargos en el Secob a los legisladores Washington Paredes y Freddy Alarcón.

2. Asamblea Nacional

En la Asamblea Nacional, según Daniel Mendoza, era dónde se repartían los espacios políticos a cambio de votos para aprobar leyes, tratar juicios políticos y nombrar dignidades.

Por ejemplo, para apoyar la elección de César Litardo como presidente de la Asamblea, Azuero y los legisladores del BADI recibieron el Secob.

Antes y después de la reuniones de bloque donde se definía la agenda legislativa y las votaciones orgánicas se dialogaba sobre el reparto, dijo Mendoza.

3. Ministerio de Gobierno – Gobernaciones

El Gobernador de Manabí, Tito Nilton (i) y los ministros de Transporte, Gobierno y Salud analizaron en Portoviejo este 18 de agosto la situación de los hospitales en esta provincia.

El Ministerio de Gobierno, según Mendoza y Benavides, tenía una doble función en la red de corrupción.

Primero, sus funcionarios eran los que acordaban el reparto con los legisladores. Cuando el titular de la Cartera era Paúl Granda, su asesor Paúl Bejarano estaba a cargo de esas coordinaciones.

Y en la época de María Paula Romo esa responsabilidad recayó en Fausto Holguín. 

El Ministerio de Gobierno, además de esa coordinación, también otorgaba posibles cargos para el reparto, según Mendoza. A él, por ejemplo, se le asignó un espacio en la Gobernación de Manabí por un voto de rechazo en un juicio político en contra de Romo.

4. Agencia Nacional de Tránsito

Daniel Mendoza y Jean Carlos Benavides detallaron con lujo de detalles como operaba la red en la ANT.

Cada Dirección Regional, Provincial o Cantonal de la entidad se entregaba a un asambleísta o funcionario de Gobierno.

Así habría sido el reparto en Manabí.

Chone: Ricardo Zambrano.
Jipijapa: Primero, Teresa Benavides. Luego, Karla Cadena. Y, finalmente, a Andrés Madero cuando era Ministro de Trabajo.
Bahía de Caráquez: Carlos Vera.
El Carmen, Portoviejo y Manta: Daniel Mendoza.

Los asambleístas que recibían la cuota se encargaban de nombrar alguien de su confianza en la Dirección de la Agencia.

Esta persona cobraba entre USD 50 y 60 por cada trámite, que eran la obtención de licencias sin prueba o sin turno.

De ese dinero, entre USD 30 y 40 llegaba a los legisladores. Es decir, un promedio diario de USD 2.500.

Según Mendoza, el reparto de las agencias de la ANT empezó apenas iniciado el Gobierno. Incluso dijo que se las ofrecieron cuando Paúl Granda era ministro de Transporte.

5. Ministerio de Salud

Imagen referencial del Hospital de Portoviejo, en Manabí.

Jean Carlos Benavides, asesor de Mendoza, indicó que parte del dinero que se incautó en su arresto también respondía al pago anticipado de insumos médicos de los Hospitales de Bahía y Portoviejo.

Según Mendoza, en medio de las coordinaciones con el Gobierno, los legisladores recomendaban nombres para las gerencias de las casas de salud.

Los asambleístas proponían a personas cercanas a las empresas proveedoras de insumos médicos. Eso les significaba un rédito económico periódico.

Además, en su testimonio anticipado, Benavides aseguró que tenían espacios políticos en la Secretaría de la Reconstrucción de Manabí. Pero no dio detalles de cómo operaba la red en esa dependencia.

¿Más vinculados?

En el caso de delincuencia organizada por el caso del Hospital de Pedernales ya hay 19 procesados.

En la lista están dos exasambleístas, dos exdirectivos y cuatro exfuncionarios del Secob y tres representantes del Consorcio al que se le adjudicó la obra. Así como ocho personas más cercanas a los exlegisladores.

Sin embargo, en las versiones voluntarias y en los testimonios anticipados de los 19 procesados, se han nombrado a 17 personas más que aún no forman parte del caso. Aunque, varios ya rindieron su versión.

En la lista, entre otros están, la ministra María Paula Romo, los exministros Andrés Madero y Paúl Granda, el presidente de la Asamblea, César Litardo; el gobernador Tito Nilton y ocho asambleístas en funciones.

Personas que han sido nombradas en el caso Hospital de Pedernales

Fuente: Primicias

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