Lenín Moreno niega un acuerdo con la Corte Constitucional

El presidente Lenín Moreno negó que haya existido un acuerdo entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional (CC), organismo que emitió un dictamen de inconstitucionalidad sobre el Decreto 1217, después de los feriados de Navidad y fin de año.

En dicho decreto, que fue emitido el 21 de diciembre pasado y quedó sin efecto el 2 de enero, constaban medidas como el toque de queda y restricciones para la movilidad de personas por la pandemia del covid-19.

“Bajo ninguna circunstancia (hubo un acuerdo), lo que pasa es que eran tiempos en los cuales se hacía dificultoso reunir a la gente para que tome decisiones. Pero no, bajo ninguna circunstancia.

La Corte Constitucional entregó el momento en que debía su decisión y nosotros el momento que debía lo hemos acatado”, dijo Moreno este miércoles 6 de enero de 2021.

Moreno sostuvo que su Gobierno tiene una “excelente relación” con todas las instituciones del Estado, “que se ha construido en base al respeto a la institucionalidad”.

“Nos alegramos que el tiempo que se demoró la Corte en hacer el análisis, prácticamente, permitió que pasen los días en los cuales podría haber más posibilidad de contagio”, puntualizó.

Por otra parte, anunció que tiene programado un viaje a Washington, Estados Unidos, para reunirse con directivos de laboratorios y gestionar la llegada de más vacunas contra el coronavirus.

Aunque no precisó la fecha, en su programa radial, Moreno manifestó que esto se dará antes de la primera entrega de 50 mil dosis que está prevista para el 18 de enero, y que lo acompañará el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos.

EL COMERCIO

Que significa estar en estado de excepción focalizado

Este 21 de diciembre del 2020 el presidente de la República, Lenín Moreno anunció un nuevo estado de excepción focalizado durante 30 días, como parte de nuevas medidas de restricción de movilidad y aglomeraciones a escala nacional. Además por la nueva mutación reportada en el Reino Unido.

Cabe recalcar que se decretó un estado de excepción focalizado. Esto se da debido a que la Corte Constitucional determinó después del último estado de excepción emitido por el Gobierno que en el siguiente solo podía ser focalizado. Por lo tanto, el Presidente tiene la libertad de decretar estados de excepción en sitios donde se vea, de acuerdo a las estadísticas, tomar medidas adicionales.

La única diferencia que existe entre el estado de excepción nacional vs el focalizado es que el nacional aplica por igual a todo el país y el focalizado se pueden hacer excepciones y se pueden aplicar variables entre una y otra zona geográfica del Ecuador. Sin embargo, la rigidez y la norma tiene la misma validez los dos tipos. «

De momento estas decisiones se han tomado de acuerdo con los alcaldes de las ciudades más grandes y lo que reportan más aglomeraciones como son Quito, Guayaquil y Cuenca. De tal manera que en esas tres ciudades por el momento, regirán las medidas incluyendo estado de excepción. Pero, horas más tarde, darán a conocer la resolución final. 

«Declarar toque de queda a partir de hoy y durante 15 días, vigente desde las 10:00 hasta las 04:00, en este mismo horario, regirá la Ley Seca. Declarar la restricción de circulación vehicular a nivel nacional. Establecer nuevos horarios de funcionamientos a centros comerciales desde las 08:00 hasta las 20:00 con el 50% de su capacidad», agregó como parte de las nuevas medidas el Mandatario.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTADO DE EXCEPCIÓN?

En la Constitución de la República, en el artículo 164 dice: «La Presidenta o Presidente de la República podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. La declaración del estado de excepción no interrumpirá las actividades de las funciones del Estado». 

El decreto que establezca el estado de excepción contendrá la determinación de la causal y su motivación, ámbito territorial de aplicación, el periodo de duración, las medidas que deberán aplicarse, los derechos que podrán suspenderse o limitarse y las notificaciones que correspondan de acuerdo a la Constitución y a los tratados internacionales.

En el artículo 165 menciona que durante el estado de excepción la Presidenta o Presidente de la República únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, y libertad de información, en los términos que señala la Constitución.

Declarado el estado de excepción, la Presidenta o Presidente de la República podrá:

  1. Decretar la recaudación anticipada de tributos
  2. Utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a salud y educación.
  3. Trasladar la sede del gobierno a cualquier lugar del territorio nacional.
  4. Disponer censura previa en la información de los medios de comunicación social con estricta relación a los motivos del estado de excepción y a la seguridad del Estado.
  5. Establecer como zona de seguridad todo o parte del territorio nacional.
  6. Disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y llamar a servicio activo a toda la reserva o a una parte de ella, así como al personal de otras instituciones.
  7. Disponer el cierre o la habilitación de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.
  8. Disponer la movilización y las requisiciones que sean necesarias, y decretar la desmovilización nacional, cuando se restablezca la normalidad.

Vicepresidente del CNE abre la posibilidad de mover la fecha de las elecciones 2021

El futuro de los candidatos del movimiento Justicia Social, que pugna por inscribir al empresario Álvaro Noboa como su presidenciable, está en manos de la Corte Constitucional (CC).

Cuando restan apenas 54 días para la primera vuelta de las elecciones generales, prevista para el 7 de febrero del 2021, el Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió ingresar una demanda de conflicto de competencias ante la CC, para que se pronuncie en relación a la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que otorgó nuevos plazos para la inscripción de candidatos de Justicia Social, para todas las dignidades en disputa.

Este martes 15 de diciembre del 2020 el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, durante una entrevista con Teleamazonas, abrió la posibilidad de analizar una posible modificación de una o dos semanas a la fecha de la primera vuelta de las elecciones.

“Tenemos un problema de calendario, de competencias y de interpretación de lo que se ha resuelto”, comentó. La presidenta del CNE, Diana Atamaint, señaló que a partir de este martes 15 de diciembre se preveía iniciar la impresión de más de 52 millones de papeletas para la primera vuelta, pero la planificación no se cumplió por la falta de definición de las candidaturas. Pita aclaró que cualquier decisión está sujeta al pronunciamiento de la Corte, aunque no existen plazos para que los magistrados constitucionales resuelvan la demanda.

“El riesgo no lo hemos impuesto nosotros, tendríamos que mirar la aplicabilidad de lo que resolvió el TCE, dentro de una corrida de calendario, sin que existiese ningún tipo de propuesta, impedimento, apelación, en relación a la candidaturas que se puedan presentar”.

Según cálculos de Pita, cumplir con lo dispuesto por el TCE sobre Justicia Social, si no se presentaren objeciones o apelaciones, demandaría 23 días de trámite. Pero si se ingresan impugnaciones o reclamos a los candidatos, implicaría alrededor de 53 días, lo cual “nos pone en el día de las elecciones”.

Sin embargo, Pita aclaró que existen fechas “hito” que son inamovibles, porque así lo dispone la Constitución. Particularmente, la Carta Política establece que el nuevo Presidente de la República se posesionará el 24 de mayo del 2021 y los asambleístas diez días antes.

Además, recordó que en las reformas al Código de la Democracia también se estableció la fecha del debate presidencial. “Podemos, en un supuesto caso, mover la primera vuelta una o dos semanas, pero sin que en ningún caso las fechas dispuestas en la Constitución puedan ser alteradas. Cualquier decisión se dará respetando esa fecha hito”.

Pita salió en defensa de la resolución aprobada por el CNE y cuestionó que se hayan emitido dos sentencias distintas sobre el caso Justicia Social. “Teníamos la responsabilidad de ir a una instancia superior para aclarar situaciones que se están presentando”.

Según el calendario vigente, el 31 de diciembre se debe iniciar la campaña electoral, pero el CNE todavía no cierra la lista definitiva de candidatos, por la controversia surgida con el TCE en relación a los postulantes Justicia Social. En el cronograma aprobado se estableció una eventual segunda vuelta electoral para el domingo 11 de abril del 2021.

Fuente: El Comercio

Covid-19: Prohibición de desalojo en arriendos y otros beneficios terminan

Los beneficios de la Ley de Apoyo Humanitario para las personas que tienen problemas para cumplir con pagos de servicios básicos, seguros, arriendo o créditos bancarios están atados a la duración del estado de excepción que rige hasta el próximo domingo 13 de septiembre del 2020.

Luego de que el Gobierno confirmara que no extenderá más allá de esa fecha esta decisión, por un fallo de la Corte Constitucional, los beneficios de la Ley tienen ahora fecha definitiva de vigencia.

A continuación, presentamos un detalle de la duración de los seis beneficios establecidos en el marco legal:

Corte de servicio por no pago de servicios

Todas las empresas que proveen los servicios básicos (agua, luz y teléfono) y de telecomunicaciones (teléfono móvil e Internet) no suspenderán los cortes por falta de pago mientras permanezca vigente el estado de excepción y hasta por dos meses después de su terminación; es decir, la prohibición de cortar servicios está vigente hasta el 12 de noviembre del 2020.

Recuerde que las empresas pueden iniciar el cobro de los valores a partir de esa fecha, acumulados divididos en doce cuotas iguales y sin intereses, sin multas y sin recargos.

Consumo en industrias y negocios paralizados

La Agencia Nacional de Control y Regulación de Electricidad debe disponer procedimientos para que los cargos de potencia de industrias y comercios que no han laborado durante el estado de excepción; es decir, hasta el 13 de septiembre del 2020, y registran disminución en su consumo promedio de energía sean revisados de forma proporcional a la disminución de dicho consumo.

No desahucio en arriendos

Durante el estado de excepción por la pandemia del covid-19, y hasta sesenta días después de su conclusión; es decir, hasta el 12 de noviembre del 2020, no se podrán ejecutar desahucios a arrendatarios, excepto en los casos de peligro de destrucción o ruina del lugar y en caso de uso del inmueble para actividades ilegales.

El desahucio consiste en notificar al arrendatario que debe salir del inmueble alquilado. Para evitar esto, los arrendatarios deberán cancelar el 20% del valor de los cánones pendientes y en el caso de locales comerciales, el arrendatario debe demostrar que sus ingresos se han afectado en al menos un 30% en relación con el mes de febrero del 2020.

Esta suspensión podrá extenderse en caso de que arrendatario y arrendador acuerden por escrito un plan de pagos sobre los valores adeudados.

En los casos en que el arrendador pertenezca a un grupo de atención prioritaria, y el arriendo sea su medio de subsistencia, no aplicará la suspensión temporal del pago de arriendos, salvo que el arrendatario pertenezca también a un grupo de atención prioritaria. En este último caso, las partes llegarán a un acuerdo.

Alza de las tarifas

Desde la vigencia del estado de excepción y hasta un año después la Ley prohíbe el incremento en valores, tarifas o tasas de los servicios básicos y de telecomunicaciones. Esto significa que las tarifas no pueden subir hasta el 13 de septiembre del 2021.

Seguros médicos

Durante el tiempo que dure el estado de excepción por la emergencia sanitaria del covid-19, es decir, hasta el 13 de septiembre del 2020, las compañías de salud prepagada y las de seguros que oferten cobertura de seguros de asistencia médica, no podrán cancelar o dar por terminadas las pólizas ni suspender la cobertura. Los montos no pagados se prorratearán para los meses de vigencia del contrato, sin que generen intereses de mora.

Deudas en las instituciones financieras

Durante el período de vigencia del estado de excepción y hasta 60 días después de finalizado este, es decir, hasta el 12 de noviembre del 2020, todas las entidades del sistema financiero nacional (incluidas tarjetas de crédito y casas comerciales) deberán reprogramar el cobro de cuotas de los préstamos. Esto último puede incluir prórroga en el pago o reprogramación de cuotas.

Fuente: Diario El Comercio

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