Fiscalía pide 4 años y 2 meses de cárcel para Daniel Mendoza

Antes de que se instale la audiencia preparatoria de juicio del caso Hospital de Pedernales, el juez Marco Rodríguez dio paso a una solicitud de procedimiento abreviado de la Fiscalía.

Nota actualizada a las 13:20 del 9 de noviembre con el pedido de la Fiscalía.

El pedido del Ministerio Público se hizo el viernes 6 y se está tramitando este lunes 9 de noviembre de 2020. La fiscal Diana Salazar pidió que se aplique el procedimiento abreviado a ocho procesados:

1.- Daniel Mendoza, exasambleísta.

2.- René Tamayo, exdirector del Servicio de Contratación de Obras.

3.- Jennifer Cobeña, excoordinadora del Secob.

4.- Ángel Andrade, exservidor del Secob.

5.- Jean Carlos Benavides, exasesor de Mendoza.

6.- Franklin Calderón, constructor manabita.

7.- José Santos, colaborador cercano a Mendoza.

8.- José Véliz, titular del Consorcio Pedernales – Manabí.

En el caso se juzga por el presunto delito de delincuencia organizada. Según la Fiscalía, los exasambleístas Mendoza y Eliseo Azuero comandaron una red de corrupción que desvió fondos del anticipo para la construcción del Hospital de Pedernales.

Procedimiento abreviado

Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el procedimiento abreviado es una forma alternativa de terminación del proceso penal. En la práctica es una negociación entre la Fiscalía y la defensa de los procesados.

En el acuerdo, ambas partes obtienen un beneficio. La Fiscalía una optimización del tiempo y el procesado una pena reducida, tras la aceptación del cometimiento del delito.

La Fiscalía, al ser la solicitante, debe sugerir una pena y no puede ser menor al tercio de la pena mínima prevista en el tipo penal. En el caso de Mendoza y los siete más del caso Pedernales no podrá ser menor a tres años cuatro meses de cárcel.

Además de los ocho solicitantes de procedimiento abreviado, el 7 de noviembre de 2020, el juez del caso dictó el sobreseimiento para otros cuatro procesados.

Tania Saltos, esposa de José Véliz.

Olga Macías, familiar de Franklin Calderón.

Esteban Velásquez, señalado inicialmente como parte de la red en la parte de transporte y logística.

Mario Ordóñez, señalado inicialmente como parte de la red en la parte de transporte y logística.

Es decir, el caso se reducirá de 19 a siete procesados para las siguientes etapas. En la lista quedan:

Eliseo Azuero, exasambleísta.

José Párraga, efectivizador de cheques de la organización.

Miguel Ganchozo, efectivizador de cheques de la organización.

Jorge Jalil, exsubdirector del Secob.

Pablo Cruz, exservidor del Secob.

Danny Calderón, exfuncionario del Secob.

Danilo Véliz, accionista del Consorcio Pedernales – Manabí.

Luego de la sustanciación del procedimiento abreviado, en la Corte Nacional de Justicia se instalará la audiencia preparatoria de juicio del caso.

El juez Marco Rodríguez decidirá cuáles de los siete procesados restantes van a juicio.

El pedido

Luego de presentar las pruebas en contra de cada uno de los procesados que se acogieron al procedimiento abreviado, la fiscal Salazar hizo el siguiente pedido a la justicia.

Para Daniel Mendoza, en calidad de autor, una pena reducida de 50 meses (4 años y dos meses) de cárcel.

Para René Tamayo, Jean Carlos Benavides, Franklin Calderón y José Véliz, en calidad de autores, la pena reducida de 34 meses (2 años y 10 meses) de cárcel.

Para Jennifer Cobeña, Ángel Andrade y José Santos, en su rol de colaboradores en la trama criminal, solicita una pena reducida de 40 meses (3 años y 4 meses) de cárcel.

Sobre la reparación integral, el Ministerio Público solicita USD 8 millones, cantidad que deberá dividirse entre los 15 procesados. Tanto los que se sujetan al procedimiento abreviado como los que se sujetan al procedimiento normal.

En cuanto a la reparación simbólica, la Fiscalía pide la publicación de la sentencia en la página web de la Asamblea Nacional y del Secob. Y la parte resolutiva de la sentencia en dos medios de comunicación. Así como disculpas públicas publicadas en medios de comunicación.

Tras el pedido de la Fiscalía, se dio paso a una audiencia reservada para analizar la cooperación eficaz de varios de Mendoza, Véliz, Benavides y Calderón. A las 16:00 se reinstalará la audiencia para conocer la resolución del juez.

Fuente: Primicias

Daniel Mendoza admite haber cometido el delito de delincuencia organizada

El juez Marco Rodríguez aceptó aplicar el procedimiento abreviado para ocho de los 19 procesados por delincuencia organizada en el caso Hospital de Pedernales.

Esta decisión se adoptó este 9 de noviembre 2020 durante una audiencia en la Corte Nacional, en Quito.

Los procesados que se acogieron a este procedimiento legal son el exasambleísta Daniel Mendoza, su asesor Jean Carlos Benavides, el exdirector del Servicio de Contratación de Obras Públicas (Secob) René Tamayo, José Véliz, principal accionista del Consorcio Pedernales y cuatro personas más.

Según el Código Integral Penal, el procedimiento abreviado significa que los procesados admiten haber cometido el delito y a cambio la Fiscalía plantea una condena menor a la establecida en la normativa penal.

La Fiscalía solicitó una pena de 50 meses de prisión para Mendoza, para otros tres acusados pidió al juez que los sentencie a 40 meses de cárcel y para los otros cuatro procesados, una pena de 34 meses.

Durante la audiencia, que se instaló a las 09:30, la fiscal general Diana Salazar dijo que los ocho procesados están acusados como autores del delito. También detalló que el ilícito se habría perpetrado entre el 2019 y 2020 en Pichincha y Manabí.

Según las investigaciones, hubo una trama de corrupción para beneficiarse de recursos del Estado destinados a la construcción de Hospital de Pedernales en Manabí.

Además, la Fiscalía asegura que los procesados conformaron una estructura organizada para planificar y dirigir mecanismos de contratación pública y así obtener dinero de forma ilícita.

“Esta organización realizaba estas actividades de manera reiterada y permanente, sus actos no fueron circunstanciales sino bien planificados”, indicó la fiscal Salazar.

Fuente: El Comercio

Juez niega pedido de liberación de Daniel Mendoza

Poco antes de las 10:00 de este 13 de octubre de 2020, el juez Marco Rodríguez instaló la audiencia de revisión de la prisión preventiva del exasambleísta Daniel Mendoza. La diligencia se realizó en la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito. Mendoza está procesado por el presunto delito de delincuencia organizada en la trama de corrupción del Hospital de Pedernales. En este caso hay 19 procesados.

Durante la cita judicial, su abogada Gabriela Moreira solicitó al juez que levante la orden de prisión preventiva que pesa en contra de su cliente. La jurista indicó que Mendoza ha colaborado con la justicia y que no existe riesgo de fuga.

Moreira también pidió que en lugar de estar detenido, se le coloque un grillete electrónico y que se le ordene la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante una autoridad judicial.

En cambio, el fiscal subrogante, Wilson Toainga, pidió que se deseche la solicitud del procesado para “garantizar la comparecencia del investigado durante el proceso judicial”. Luego de una hora de audiencia, el juez Rodríguez negó el pedido de Mendoza. Según el magistrado aún no se ha desvanecido las evidencias que pesan en contra del exlegislador. Además indicó que la sustitución de la prisión preventiva no procede pues el delito que se investiga en este caso tiene una pena mayor a cinco años.

El 23 de junio pasado, un Tribunal de la Corte Nacional también negó la apelación a la prisión preventiva emitida en contra de Daniel Mendoza.

Fuente: El Comercio

6 entidades y 17 sospechosos en red de corrupción de asambleístas

Los testimonios anticipados de cuatro de los implicados, entre ellos Daniel Mendoza, revelaron más detalles.

La Fiscalía está con el tiempo en contra para vincular a más personas. La red de corrupción que involucra a los exasambleístas Daniel Mendoza y Eliseo Azuero tiene más implicados.

Los testimonios anticipados de Daniel Mendoza y sus colaboradores cercanos (Jean Carlos Benavides, Franklin Calderón y José Véliz) dieron nuevas pistas del funcionamiento de la estructura en, al menos, seis instituciones públicas:

Servicio de Contratación de Obras (Secob)

Asamblea Nacional

Ministerio de Gobierno – Gobernaciones

Agencia Nacional de Tránsito (ANT)

Ministerio de Salud (MSP)

Secretaría de la Reconstrucción

Las versiones de los implicados se juntan a otras dadas de manera libre y voluntaria desde que se inició el caso. Modus operandi

Modus operandi

1. Servicio de Contratación de Obras (Secob)

El terreno donde se tiene previsto construir el hospital de Pedernales, el pasado 5 de junio de 2020.
El terreno donde se tiene previsto construir el hospital de Pedernales, el pasado 5 de junio de 2020. Cortesía

Eliseo Azuero era quien tenía el poder político en esta institución. Así lo han asegurado Daniel Mendoza y René Tamayo, quien fue recomendado por el propio Azuero para dirigir esta entidad. 

Además, Azuero impulsó el nombramiento de Jorge Jalil como subdirector del Secob. Según los testimonios, Jalil coordinó la adjudicación de la obra del Hospital de Pedernales al Consorcio Manabí – Pedernales, cuyo representante es José Véliz, amigo cercano de Mendoza. 

Y la red también tenía a sus delegados en la Comisión Técnica que revisó las ofertas y recomendó la adjudicación. 

Entre Jalil, Juan Carlos Guerra, presidente del Colegio de Ingenieros de Manabí; José Véliz, representante del Consorcio; y Franklin Calderón, hombre de confianza de Mendoza; acordaron el reparto de sobornos por el 12% del total de la obra.

3% para Mendoza.
3% para Jalil.
USD 90.000 para cada asambleísta del BADI.
USD 180.000 para Eliseo Azuero.
USD 80.000 para José Véliz. 

Además de la obra de Pedernales, Azuero y Mendoza también participaron en la adjudicación de la fiscalización del hospital de Bahía de Caráquez. En esa transacción recibieron USD 350.000 en coimas.

Tamayo también indicó que entregó cargos en el Secob a los legisladores Washington Paredes y Freddy Alarcón.

2. Asamblea Nacional

En la Asamblea Nacional, según Daniel Mendoza, era dónde se repartían los espacios políticos a cambio de votos para aprobar leyes, tratar juicios políticos y nombrar dignidades.

Por ejemplo, para apoyar la elección de César Litardo como presidente de la Asamblea, Azuero y los legisladores del BADI recibieron el Secob.

Antes y después de la reuniones de bloque donde se definía la agenda legislativa y las votaciones orgánicas se dialogaba sobre el reparto, dijo Mendoza.

3. Ministerio de Gobierno – Gobernaciones

El Gobernador de Manabí, Tito Nilton (i) y los ministros de Transporte, Gobierno y Salud analizaron en Portoviejo este 18 de agosto la situación de los hospitales en esta provincia.

El Ministerio de Gobierno, según Mendoza y Benavides, tenía una doble función en la red de corrupción.

Primero, sus funcionarios eran los que acordaban el reparto con los legisladores. Cuando el titular de la Cartera era Paúl Granda, su asesor Paúl Bejarano estaba a cargo de esas coordinaciones.

Y en la época de María Paula Romo esa responsabilidad recayó en Fausto Holguín. 

El Ministerio de Gobierno, además de esa coordinación, también otorgaba posibles cargos para el reparto, según Mendoza. A él, por ejemplo, se le asignó un espacio en la Gobernación de Manabí por un voto de rechazo en un juicio político en contra de Romo.

4. Agencia Nacional de Tránsito

Daniel Mendoza y Jean Carlos Benavides detallaron con lujo de detalles como operaba la red en la ANT.

Cada Dirección Regional, Provincial o Cantonal de la entidad se entregaba a un asambleísta o funcionario de Gobierno.

Así habría sido el reparto en Manabí.

Chone: Ricardo Zambrano.
Jipijapa: Primero, Teresa Benavides. Luego, Karla Cadena. Y, finalmente, a Andrés Madero cuando era Ministro de Trabajo.
Bahía de Caráquez: Carlos Vera.
El Carmen, Portoviejo y Manta: Daniel Mendoza.

Los asambleístas que recibían la cuota se encargaban de nombrar alguien de su confianza en la Dirección de la Agencia.

Esta persona cobraba entre USD 50 y 60 por cada trámite, que eran la obtención de licencias sin prueba o sin turno.

De ese dinero, entre USD 30 y 40 llegaba a los legisladores. Es decir, un promedio diario de USD 2.500.

Según Mendoza, el reparto de las agencias de la ANT empezó apenas iniciado el Gobierno. Incluso dijo que se las ofrecieron cuando Paúl Granda era ministro de Transporte.

5. Ministerio de Salud

Imagen referencial del Hospital de Portoviejo, en Manabí.

Jean Carlos Benavides, asesor de Mendoza, indicó que parte del dinero que se incautó en su arresto también respondía al pago anticipado de insumos médicos de los Hospitales de Bahía y Portoviejo.

Según Mendoza, en medio de las coordinaciones con el Gobierno, los legisladores recomendaban nombres para las gerencias de las casas de salud.

Los asambleístas proponían a personas cercanas a las empresas proveedoras de insumos médicos. Eso les significaba un rédito económico periódico.

Además, en su testimonio anticipado, Benavides aseguró que tenían espacios políticos en la Secretaría de la Reconstrucción de Manabí. Pero no dio detalles de cómo operaba la red en esa dependencia.

¿Más vinculados?

En el caso de delincuencia organizada por el caso del Hospital de Pedernales ya hay 19 procesados.

En la lista están dos exasambleístas, dos exdirectivos y cuatro exfuncionarios del Secob y tres representantes del Consorcio al que se le adjudicó la obra. Así como ocho personas más cercanas a los exlegisladores.

Sin embargo, en las versiones voluntarias y en los testimonios anticipados de los 19 procesados, se han nombrado a 17 personas más que aún no forman parte del caso. Aunque, varios ya rindieron su versión.

En la lista, entre otros están, la ministra María Paula Romo, los exministros Andrés Madero y Paúl Granda, el presidente de la Asamblea, César Litardo; el gobernador Tito Nilton y ocho asambleístas en funciones.

Personas que han sido nombradas en el caso Hospital de Pedernales

Fuente: Primicias

María Paula Romo se defiende de acusaciones

María Paula Romo, ministra de Gobierno, reaccionó ante las acusaciones que recibió por parte de Abdalá Bucaram, Daniel Mendoza y Jorge Chávez en distintos casos.


«La próxima vez que me inviten a la Asamblea Nacional, voy a proponer que el 29 de septiembre de cada año se celebre el día del cínico ecuatoriano. El día ayer, los cínicos se revelaron y atacaron a quien los investiga”, mencionó este miércoles la ministra.

La próxima vez que me inviten a la Asamblea Nacional, voy a proponer que el 29 de septiembre de cada año se celebre el día del cinismo ecuatoriano. El día de ayer, los cínicos se revelaron y atacaron a quien los investiga»

María Paula Romo, ministra de Gobierno

Declaraciones de Daniel Mendoza

Con respecto a las declaraciones de Daniel Mendoza, involucrado en los casos Pedernales, Isspol y pandemia dijo “Daniel Mendoza sigue mencionando mi nombre en venganza porque fui quien lo denunció. Lo que sí ha dicho él, y debería ser investigado, es que ha comedido una serie de delitos en la Agencia Nacional de Tránsito”, indicó.

Además recordó que fue ella quien inició el proceso en el caso Pedernales, donde se presume que Mendoza hizo sus negociados.

También recalcó que hay un chat notarizado hace varios meses sobre este tema, dijo la Ministra, en el que se evidencia las intenciones del exasambleísta y su entorno de buscar su salida del Gobierno porque les resultaba molesta para sus negocios. “¿Cómo se puede pensar que existen acuerdos si he sido convocada a la Asamblea casi 40 veces?”.

Jorge Chérrez Miño

Con respecto a las declaraciones de Jorge Chérrez Miño, a quien se investiga por las operaciones de los fondos del Isspol que causarían una afectación que ascendería a los 532 millones de dólares, la Ministra de Gobierno indicó que “se trata de hábiles estafadores. Habrá que investigar otras responsabilidades de estos vendedores de humo. Chérrez debe decir dónde están los bonos y qué se ha transferido a la cuenta Banco Central del Ecuador, solo así podría desmentir lo que hemos descubierto”.

Caso Bucaram 

María Paula Romo indicó que las investigaciones de los distintos procesos contra los Bucaram los lleva la Fiscalía; y que el pasado lunes, como Ministra de Gobierno, fue alertada por la Fiscal General, Diana Salazar, de la amenaza que sufriera el juez Ronald Guerrero, quien lleva uno de los procesos en contra de Jacobo B.P.

Por esta razón, indicó, el servidor judicial cuenta con la debida protección de la Policía Nacional. “Si hoy termina mi periodo en esta Cartera de Estado, estoy segura de que he hecho mucho por el país”, concluyó.

Caso Pedernales: Daniel Mendoza habla de «reparto político»

El exasambleísta, Daniel Mendoza, rindió una declaración ante la Corte Nacional de Justicia, en Quito. Mendoza está involucrado dentro del proceso penal del caso de la construcción del Hospital de Pedernales.

La Fiscalía hizo públicas parte de sus reveladores testimonios donde cuenta cómo se operaba el «reparto político». Además  de la manera en que se «recomiendan nombres a cambio de rubros económicos» y se «ofrecer espacios a cambio de disciplina parlamentaria» es una práctica común. También señala que tiene audios guardados que serán entregados a la Fiscalía y que Eliseo Azuero tenía una metodología  para «distribuir recursos».

El exasambleísta concluyó su testimonio refiriéndose al «reparto de cuotas políticas» al interior de la Asamblea, a cambio de la alineación de legisladores.

REVISA AQUÍ SUS DECLARACIONES 

En su testimonio relata que, desde el 2016 se desempeñó como asambleísta en la provincia de Manabí hasta mayo de 2020, menciona como estaba estructurado su despacho como asambleísta principal, el ciudadano Jean Carlos M. se desempeñó como mi asesor, el ocupó la posición de asesor uno, las otras personas iban rotando.

Desde el 2016 fui integrante de la Comisión de Desarrollo Económico y también fui integrante de la Comisión de Fiscalización, funciones que las desempeñé durante mis funciones de Asambleísta.

Este proceso hace énfasis en la construcción de un hospital en Pedernales mi provincia natal, esto responde a un mecanismo de reparto político, recuerdo que cuando la Asamblea se disponía a elegir las autoridades en esos meses se empezó a dar una serie de reuniones para buscar consensos para llegar a tener una elección democrática y justa, estas reuniones incluyeron por parte del Ejecutivo ofrecimientos para las diferentes bancadas y legisladores que eran designaciones en el sector público, esto se dio en las semanas anteriores de mayo de 2019.


El exasambleísta, Daniel Mendoza, rindió una declaración ante la Corte Nacional de Justicia, en Quito. Mendoza está involucrado dentro del proceso penal del caso de la construcción del Hospital de Pedernales.

La Fiscalía hizo públicas parte de sus reveladores testimonios donde cuenta cómo se operaba el «reparto político». Además  de la manera en que se «recomiendan nombres a cambio de rubros económicos» y se «ofrecer espacios a cambio de disciplina parlamentaria» es una práctica común. También señala que tiene audios guardados que serán entregados a la Fiscalía y que Eliseo Azuero tenía una metodología  para «distribuir recursos».

El exasambleísta concluyó su testimonio refiriéndose al «reparto de cuotas políticas» al interior de la Asamblea, a cambio de la alineación de legisladores.

REVISA AQUÍ SUS DECLARACIONES 

En su testimonio relata que, desde el 2016 se desempeñó como asambleísta en la provincia de Manabí hasta mayo de 2020, menciona como estaba estructurado su despacho como asambleísta principal, el ciudadano Jean Carlos M. se desempeñó como mi asesor, el ocupó la posición de asesor uno, las otras personas iban rotando.

Desde el 2016 fui integrante de la Comisión de Desarrollo Económico y también fui integrante de la Comisión de Fiscalización, funciones que las desempeñé durante mis funciones de Asambleísta.

Este proceso hace énfasis en la construcción de un hospital en Pedernales mi provincia natal, esto responde a un mecanismo de reparto político, recuerdo que cuando la Asamblea se disponía a elegir las autoridades en esos meses se empezó a dar una serie de reuniones para buscar consensos para llegar a tener una elección democrática y justa, estas reuniones incluyeron por parte del Ejecutivo ofrecimientos para las diferentes bancadas y legisladores que eran designaciones en el sector público, esto se dio en las semanas anteriores de mayo de 2019.

Algunos legisladores mocionaron mi candidatura para buscar los consensos para una Presidencia de la Legislatura, la Ministra Romo decidió no apoyar mi pre-candidatura y la hizo con el actual Presidente de la Asamblea Cesar Litardo, se creó el grupo político BADI liderado por Eliseo Azuero hoy procesado en esta causa. Yo mantuve reuniones con las diferentes bancadas para buscar consensos para poder llegar a la Presidencia de la Asamblea, la elección se llevó delante de forma democrática se alcanzaron los votos necesarios para designar a Litardo Presidente de la Asamblea.

Yo pregunté a Azuero cual fue el compromiso que adquirió con el Ejecutivo y él me indicó que fueron muchos, pasaron meses y Eliseo Azuero empezó a presionar porque no le cumplían dichos ofrecimientos que llevó Litardo a la Asamblea. Él me comentó que en una reunión entre legisladores de su grupo político, les había presionado para que cumplan una de las designaciones era la de René Tamayo que fue Director del SECOB , el grupo político BADI comenzó a liderar esa institución con Tamayo a la cabeza.

Azuero me comentó que el señor René Tamayo había ganado su confianza de muchos años porque había trabajado tiempo atrás y le había comentado a la Ministra Romo para su designación. Una vez que se da esta designación, esta institución tenía proyectadas construcciones entre otras infraestructuras relacionadas con hospitales, debo mencionar señor Juez que en este momento presido una organización política que siempre buscó atender las necesidades laborales de la provincia, el tener cercanía con el legislador Azuero nos iba a permitir ayudar a dar trabajo a una buena cantidades de manabitas de bajos recursos, se desarrolló esta relación con Azuero por que tenía la Vicepresidencia de la Comisión de Fiscalización de la cual yo era parte.

Fue una obra que ya se encontraba adjudicada y tiene relación en esta investigación porque por esas fechas luego de la designación de René Tamayo aparece el ciudadano Franklin Calderón a quien conocía con quien compartí ciertos espacios sociales pero tenía referencias. Él se acercó a mi asesor con una petición poder llegar a Eliseo Azuero puesto que el tenía un nivel de participación con la empresa que fue adjudicada la construcción del Hospital de Bahía de Caráquez, debía ratificar esa adjudicación, lo planteó desde la lógica que quería ganar la confianza de Tamayo y Azuero.

Debo reconocer señor Juez que siempre buscamos tener programas de ayuda social y para esto consideramos necesarios recaudar fondos que sacarían adelante estos programas y en esto soy responsable y dispuse a mi asesor que buscara la manera de recaudar, él iba a ser llegar a Eliseo Azuero la mitad de esta recaudación.

Es importante,Señor Juez, consideró que este primer acuerdo sentó las bases que fue una relación entre Calderón, Jalil y Azuero. Esto permitió que el proceso de contratación del hospital de Pedernales se ratifique la adjudicación, Eliseo me comentó que el proceso ya se adjudicó a Consorcio Pedernales, los procesos de construcción y adjudicación fueron en momentos distintos.

Eliseo Azuero me preguntó mi relación con el Ministro de Finanzas, para que le ayude y se le acreditara el anticipo al contrato, mi relación siempre fue cordial con el Ejecutivo eso le manifesté, había expectativa que esa obra arranque que se encontraba en la zona más afectada de Manabí, volví a insistir a Azuero que si tenía que contratar mano de obra coordinara con mi equipo de Manabí para generar trabajo.

Yo le di la instrucción a mi asesor Jorge Jalil, que se pusiera en contacto a Calderón con el gerente de BanEcuador, al inicio no tuvieron problemas para realizar cobros, E. Azuero me pidió que ponga a alguien a revisar los 10 cheques que sumaban 40.000 para ser entregados a él mismo, eso fue una de las acciones que permitió que en este momento nos encontremos en esta situación, el valor de la adjudicación era de 16 millones de dólares y el anticipo era del 50% que fue transferido al Consorcio Pedernales, yo tuve conocimiento por mi asesor que existían inconvenientes que no había disponibilidad de fondos para efectivizar esos 10 cheques, estos 10 cheques me hicieron llegar a mi a la casa de mi padre donde me encontraba guardando cuarentena y de manera inmediata entregué a mi asesor para que se encargue de cobrarlos, se que hubo un inconveniente porque no tenían firmas.

En todo momento siempre fue mi motivación el poder cumplir para que se de la oportunidad de trabajo en Manabí, eso no se justifica lo que se hizo, de los 10 cheques fueron 2 efectivizados y luego de eso ya vino la detención de mi asesor en el mes de mayo, por lo que me puse intranquilo porque esa detención me involucró a mí directamente.

El 23 de mayo de 2020 tomé la decisión de viajar a Quito para visitar a E. Azuero y me cuente la verdad de los hechos para que esto se pueda aclarar, lleve conmigo una grabadora porque necesitaba tener una garantía que Eliseo me dijera la verdad de a quién entregó el dinero que recibió, en esa grabación él reconoce haber recomendado el perfil de Jorge Tamayo y haber entregado a colegas de su bancada montos efectivos, en esta conversación incluso detalla básicamente el modus operandi de como entrega esos recursos al grupo político del BADI, por eso como una medida de seguridad mía realicé esta grabación que entregué a Fiscalía.

Previo al día que me entregué voluntariamente salió un IRP me llamó E. Azuero ahí hace referencia a que va a ayudar a Jorge Tamayo y Jorge Jalil para que el IRP (informe responsabilidad penal) no les afecte, el siempre hizo énfasis que debía proteger a Jorge Jalil. Él se comprometió a hablar con la ministra Romo y César Litardo y en definitiva en esta conversación menciona al Asambleísta Tello, a María M. Cuesta a Freddy Alarcón, a legisladores que el hizo llegar los montos al que habían acordado.

El 2 de junio realizo otra grabación a la llamada donde se compromete a hablar con Contraloría, luego ya se da la fecha del allanamiento a la vivienda de mi hermano en Portoviejo.

Daniel Mendoza reveló que hubo coimas y cuotas políticas

El exasambleísta Daniel Mendoza, luego de dar su versión ampliada dentro del caso de delincuencia organizada, confirmó que hubo supuestas coimas y cuotas políticas.

Hoy, 15 de septiembre, se siguieron sumando diligencias a este proceso que investiga la fallida construcción del hospital de Pedernales.

A continuación un reporte de Teleamazonas:

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