Juez aceptó habeas corpus a favor de Abdalá Bucaram, confirma su abogado

Uno de los abogados del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, Cristian Romero, confirmó a este Diario que un juez aceptó un “habeas corpus traslativo” a favor de su cliente la tarde de este lunes 4 de enero del 2021. Con esta decisión judicial, el exmandatario podrá dejar el arresto domiciliario en Guayaquil.

Romero sostuvo que están a la espera de la orden judicial por escrito para así retirarle la custodia policial que está a cargo de Bucaram.

El 13 de agosto del 2020, una jueza de Quito lo procesó por el delito de presunta delincuencia organizada. También enfrenta investigaciones por tráfico de armas y tráfico de bienes patrimoniales.

Bucaram Ortiz está bajo prisión domiciliaria al ser parte de una investigación fiscal por la supuesta venta irregular de insumos médicos durante la emergencia sanitaria por el covid-19. Debido al proceso judicial, le colocaron un grillete electrónico.

El Comercio

Juez Iván León acepta reabrir el caso Gabela

El Juez Iván León aceptó el pedido de la fiscal general, Diana Salazar, para reabrir la investigación en contra de 19 personas, incluido el exministro de Defensa, Javier Ponce, por un presunto delito de peculado dentro de caso conocido como Gabela. La decisión se tomó la tarde de este miércoles 23 de diciembre del 2020.

La Fiscalía señala que el delito se dio en la compra de una flota de siete helicópteros hindúes de la marca Dhruv, de la empresa Hindustan Aeronautics Limited (HAL), en el 2008. El contrato entre la firma y la Fuerza Aérea Ecuatoriana bordeó los USD 45,2 millones. De las siete aeronaves, cuatro se estrellaron y tres suspendieron sus operaciones.

En todos los siniestros, se estableció una junta investigadora de accidentes. La Fiscal señaló que el 14 de abril del 2016, el entonces fiscal Galo Chiriboga solicitó a la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) el archivo de la denuncia en este caso. Salazar indicó que en ese tiempo se consideró que “no existían elementos para iniciar una imputación penal”, además era necesario temer un informe de Contraloría General del Estado.

Entre los hechos que motivaron la reapertura, la Fiscal señaló que en la investigación por el asesinato del excomandante de la Fuerza Aérea, Jorge Gabela, se ha determinado que tiene relación con la causa que hoy se solicita su reapertura, el de la adquisición de siete helicópteros Dhruv. Además, indicó que se encontraron indicios en el proceso de contratación de esa flota de helicópteros.

También indicó que existieron retrasos y fallas en los repuestos de las aeronaves. Salazar se refirió al informe final de la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional, que en sus conclusiones señala: existencia de procesos poco claros en la contratación, interferencia de la cúpula de la FAE para la contratación, informes de Contraloría adolecen de falta de precisión, falta de transparencia en la contratación.

El excomandante de la Fuerza Aérea, Jorge Gabela, se opuso a la compra de estas aeronaves. Su compra se concretó tras su salida de la Aviación. Ya en servicio pasivo, el 17 de diciembre del 2010 sufrió un atentado en las afueras de su casa en Samborondón (Guayas), y falleció 10 días después. 

El Comercio

Juez ordena prisión preventiva para pareja acusada de asaltos en Quito

Un juez dictó prisión preventiva en contra de la pareja señalada por el asalto violento a una pizzería y una panadería, en Quito. Esta decisión se adoptó este 3 de diciembre del 2020, durante la audiencia de formulación de cargos que se realizó en la Unidad de Flagrancia, ubicada en el centro norte de la capital.

En esa diligencia, que duró 50 minutos, la Fiscalía los imputó por el presunto delito de robo con violencia. El Código Integral Penal (art. 189) establece que ese delito es sancionado con cárcel de cinco a siete años.

La Fiscalía informó que la fase de instrucción fiscal o investigación pública durará 90 días. En ese tiempo los agentes recopilarán más evidencia contra los sospechosos. Por ejemplo, para la audiencia de formulación de cargos, el fiscal del caso presentó al juez 10 indicios.

El hombre fue identificado como Israel y la mujer como Cinthia. El sospechoso tiene 38 años y tiene nueve antecedentes penales y seis procesos judiciales. En cambio, ella tiene 19 años y no presenta antecedentes.

La Policía los capturó ayer (2 de diciembre del 2020) en General Farfán, en Sucumbíos. Esta es una población fronteriza con Colombia. Según las investigaciones, ambos intentaban pasar a Colombia, pero la Policía de Ecuador coordinó acciones con los agentes de Colombia. Tras ser detenidos fueron trasladados a Quito.

Fuente: El Comercio

Juez dicta prisión contra madre de los niños que murieron en Pifo

La madre de dos niños que murieron tras haber sido envenenados continúa hospitalizada en una casa de salud del norte de Quito.

Ella será trasladada hasta la Cárcel de Cotopaxi luego de que reciba el alta para cumplir con una orden de prisión preventiva. Está procesada por el delito de asesinato.

El mayor Iván Naranjo, jefe de la Dirección Nacional de Investigación de Muertes Violentas (Dinased-Quito), indicó este viernes 30 de octubre del 2020, que la mujer continúa en recuperación.

Por ese motivo, la audiencia de flagrancias y formulación de cargos se realizó la víspera en el propio hospital. Ella se recupera de las lesiones causadas tras haber ingerido, presuntamente, el mismo líquido que bebieron sus hijos. Los dos menores de nueve y cinco años fueron hallados sin vida el miércoles último por los vecinos.

Ellos encontraron a los menores en una cama al interior del departamento en Pifo, a las afueras de Quito. Los vecinos fueron quienes alertaron a la Policía de las muertes. Las primeras investigaciones que hicieron los agentes apuntan a que los niños tomaron agua mezclada con un insecticida.

En la escena del crimen se encontraron desinfectantes y productos de uso agrícola. En las pericias todavía no se determina cuál fue el químico específico que terminó con su vida. En la instrucción fiscal también se investigará el grado de participación de la madre de los niños en la muerte de un joven de 28 años.

Los agentes de la Policía encontraron su cuerpo en descomposición también la madrugada del miércoles, cuando acudieron al llamado por la muerte de los menores. Estaba cubierto con un plástico y cemento.

El asesinato está tipificado en el art. 140 del Código Orgánico Integral Penal. Ahí se establecen penas de de 22 a 26 años para la persona que mate a sus hijos.

Los agentes además investigarán la intoxicación que registró una mujer contratada por la madre de los niños para que los cuidara. La mañana del martes, ella salió del departamento (en Pifo) con ayuda de paramédicos. Testigos indican que la mujer había sido persuadida a beber una sustancia contra el covid-19, para poder trabajar.

Fuente: El Comercio

feature image