Kenia: adolescentes se prostituyen por un dólar

Algunas adolescentes no recuerdan con cuántos hombres han tenido relaciones sexuales en los siete meses que han pasado desde que el brote de COVID-19 obligó a cerrar las escuelas, ni cuántos de esos hombres usaron protección.

Señalaron que en ocasiones fueron violadas y golpeadas cuando pidieron que les pagaran —apenas un dólar a veces— para ayudar a sus familias en momentos en que los trabajos se evaporaban a causa de la pandemia.

En el cuarto que alquilan en la capital de Kenia, las niñas dijeron que no piensan demasiado en el peligro de contraer el coronavirus o el VIH cuando lo que cuenta es la supervivencia.

Si consigues cinco dólares en la calle, es como si fuera oro”, afirmó una muchacha de 16 años en la pequeña cama que comparte con otras dos chicas, de 17 y 18 años, a quienes describe como sus “mejores amigas para toda la vida”. Entre las tres pagan los 20 dólares del alquiler en un edificio en el que todos los cuartos están ocupados por trabajadoras sexuales.

La UNICEF dijo que los progresos logrados en los últimos años en la lucha contra el trabajo infantil corren peligro de ser anulados por la pandemia y por primera vez en 20 años podría registrarse un aumento en la cantidad de menores que trabajan. La ONU advirtió que millones de niños podrían ser explotados o forzados a realizar trabajos peligrosos. El cierre de las escuelas, señaló, agrava el problema.

Mary Mugure, una extrabajadora sexual, lanzó Night Nurse, una iniciativa para rescatar niñas que siguen ese camino. Comentó que desde que se suspendieron las clases en Kenia en marzo, unas 1.000 menores empezaron a prostituirse en los tres barrios de Nairobi que monitorea. La mayoría de las muchachas tratan de ayudar a sus padres a pagar las cuentas. La más joven tiene 11 años, según Mugure.

Una adolescente que se prostituye para ayudar a su familia en medio de la pandemia del coronavirus oculta su rostro (AP Foto/Brian Inganga)

Las tres chicas que comparten la habitación fueron criadas por madres solteras junto con sus hermanas. Las familias se quedaron sin ingresos cuando el gobierno implementó medidas de confinamiento para frenar la propagación del virus.

Las madres de dos de ellas lavaban ropa para personas que viven cerca del barrio pobre en el que viven, llamado Dandora. Pero cuando se confirmó el primer caso de coronavirus en la zona, nadie las quería en sus casas, comentaron las muchachas. La madre de la tercera vendía papas en la calle, pero tuvo que dejar de hacerlo luego de que se implementaron las restricciones.

Las tres muchachas son las mayores de sus hermanos y decidieron ayudar a sus madres a alimentar a la familia. Las chicas tenían un popular grupo de baile que cobraba por sus presentaciones. Pero cuando se prohibieron las reuniones, se quedaron sin ese ingreso.

“Ahora le doy a mi madre 1,84 dólares diarios y eso la ayuda a alimentar a los demás”, dijo una de las muchachas.

Miriam Nyambura instruye a su hijo Peter Kihika, de 16 años y quien quiere ser maestro, pero que trabaja recogiendo metales en un vertedero para ayudar a la familia (AP Photo/Brian Inganga)

En otro sector de Nairobi, la madre soltera Florence Mumbua y sus tres hijos, de 7, 10 y 12 años, parten piedras en una cantera bajo un calor sofocante.

Es un trabajo agotador y peligroso, pero Mumbua, de 34 años, dijo que no tiene otra alternativa tras perder el empleo que tenía limpiando una escuela privada que cerró al imponerse las restricciones por el virus.

Tengo que trabajar con ellos (los hijos) porque tienen que comer y lo que gano yo sola no alcanza”, explicó. “Trabajando en equipo, sacamos lo suficiente para comer”.

Peter Kihika, un chico de 16 años que sueña con ser maestro, pesa las cosas que recogió en un vertedero para venderlas (AP Foto/Brian Inganga)

De vuelta en Dandora, Dominic Munyoki, de 15 años, y Mohamed Nassur, de 17, recorren el vertedero más grande de Kenia buscando metal para vender.

La mamá de Munyoki, Martha Waringa, una madre soltera de 35 años que también trabaja en el vertedero, comentó que el dinero que gana su hijo la ayudará a pagar por la escuela de sus siete hermanos cuando se reanuden las clases.

Y Ann Munhay, de 45 años y quien es madre de Nassur, tampoco ve nada malo en que su hijo la ayude a mantener a la familia.

Cuando empezó a trabajar me di cuenta de que era algo positivo porque no se quedaba haciendo nada en la casa o con juegos que no lo ayudan en nada”, declaró. “Cuando va a trabajar, gana dinero que nos ayuda mucho. Y se compra ropa”.

Irene Wanzila, de 10 años, pica piedras en la cantera donde trabaja con su madre y sus dos hermanos (AP Foto/Brian Inganga)

Phillista Onyango, quien dirige la Red Africana para la Protección y Prevención del Abuso y el Abandono de Menores, señaló que con las escuelas cerradas, varios padres de familia de barrios pobres prefieren que sus hijos trabajen a que se queden en casa y corran peligro de caer en las drogas o la delincuencia.

Por su parte, las tres amigas que comparten una habitación dijeron que esperan no tener que prostituirse toda su vida, pero al mismo tiempo señalaron que es poco probable que vuelvan a la escuela.

“En nuestros barrios éramos niñas ejemplares”, comentó la más chica. “Allí, si llegas a los 16 años sin haber quedado embarazada y vas a la escuela, has triunfado. No habíamos quedado embarazadas y estábamos a punto de terminar la secundaria y de hacer historia”.

(Con información de AP)

España: prohibir o reglamentar la prostitución

La pandemia ha despertado un debate enquistado en la sociedad española: la prohibición de la prostitución en el país europeo con mayor demanda de sexo a cambio de dinero. El riesgo de contagios ha llevado al cierre de prostíbulos en regiones como Cataluña y Castilla La-Mancha durante los últimos días. Mientras resurge con fuerza el activismo abolicionista distintas ONG advierten del riesgo de dejar sin sustento a más de 60.000 mujeres (la cifra que aportan las asociaciones, a falta de un registro oficial), muchas de ellas migrantes víctimas de redes de trata.

“España es un país donde este problema siempre se ha abordado desde la condescendencia, donde se ha normalizado a los puteros y en las despedidas de solteros y otras fiestas de hombres ha sido normal acudir al sexo de pago, donde una película mainstream como ‘Torrente’ se permite reírse de la prostitución”, dice a Infobae Beatriz Ranea, quien investiga el trasfondo de la altísima demanda de prostitución en el país.

Casi 4 de cada 10 hombres españoles mayores de edad han pagado en alguna ocasión para mantener relaciones sexuales, según datos de Naciones Unidas. Ocupa el primer lugar en Europa y el tercero en el mundo en cuanto a demanda y se ha convertido en un destino turístico para quienes buscan sexo de pago junto a países como Brasil, Indonesia y Tailandia.

Una comisión internacional celebrada en Madrid el año pasado contra la trata de mujeres denunció que España es una de las principales zonas de tránsito para las redes de explotación sexual y que por sus fronteras las mafias introducen ilegalmente mujeres procedentes de África, Europa del Este, América Latina y Asia.

Las historias de las víctimas son desgarradoras. “Una vez adiestradas y cumplida la mayoría de edad éramos vendidas a proxenetas españoles o italianos. Yo fui comprada a principios de 2002 por 300 euros por un proxeneta español”, denuncia la activista Amelia Tiganus, que fue captada siendo menor de edad en su Rumanía natal y hace unos años logró escapar.

Distintas asociaciones estiman que más de 60.000 mujeres viven en España de la prostitución (REUTERS/Andrea Comas)

La legislación española no prohíbe explícitamente vender sexo, siempre que sea por voluntad y en beneficio propios. Sin embargo, la ley de Seguridad Ciudadana (conocida popularmente como Ley Mordaza) persigue “la exhibición obscena” y ofrecer o pedir servicios sexuales en zonas públicas donde pueda haber menores. También es ilegal el proxenetismo, esto es, lucrarse con el sexo ajeno.

Los prostíbulos no están declarados como tales, en la mayoría de los casos tienen licencia como locales de alterne (el alterne, en la ley española, contempla la labor de acompañar al cliente para que consuma dentro del negocio, pero queda excluido el sexo) y, en la planta de arriba, licencia como hospedaje. Se calcula que en España hay unos 1.500 locales de alterne pero muchos otros prostíbulos quedan enmascarados en el registro como bares o salas de espectáculos.

Este limbo de alegalidad extiende un manto de opacidad sobre las cifras del negocio. Es una incógnita cuánto dinero genera actualmente: según la web especializada en el mercado negro Global Havocscope, en España dejaría unos 22.800 millones de euros anuales. Hace seis años el Instituto Nacional de Estadística estimó que la prostitución generaba un 0,35% del PIB, una cifra mucho menor.

Gran parte de ese dinero va a parar a las mafias y muy poco queda en manos de las propias mujeres. Una parte importante, también, repercute en la riqueza del propio país, de ahí que las feministas hayan aceptado el término de “Estado proxeneta” popularizado por la activista argentina Sonia Sánchez.

Abolicionistas: “los puteros son violadores”

Cuando la Ministra de Igualdad Irene Montero, del partido de izquierdas Unidas Podemos, aconsejó hace unos días para evitar contagios el cierre de estos locales a las comunidades autónomas (quienes tienen las competencias en materia de sanidad), distintas voces de mujeres se conjuraron en su contra, en algunos casos por razones opuestas, evidenciando la división que genera todavía hoy este tema dentro del movimiento feminista.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, aconsejó el cierre de los locales de alterne a las comunidades autónomas

Los prostíbulos son centros de esclavitud antes que focos de contagio”, dice Andrea Fernández, diputada del PSOE, el partido socialista que gobierna junto a Podemos.

Desde la facción abolicionista consideran que Irene Montero ha puesto el foco ahora sobre este problema por las razones erróneas. Piensan que estos locales no deben cerrar tan sólo por la emergencia sanitaria sino porque son “cárceles donde se explota sexualmente a las mujeres” y afirman que “los puteros son violadores”.

En la carta que envió la ministra, a la que ha tenido acceso Infobae, habla del riesgo de que “los contagios que puedan producirse en esos locales lleven a un aumento exponencial de positivos de difícil rastreo” y solicita, tras el cierre de los clubes, “alternativas dignas” para estas mujeres.

“Es un problema que se ha ido posponiendo, como si no existiera. Ha tenido que estallar esta crisis socio sanitaria para que las autoridades se den cuenta de que no pueden seguir mirando para otro lado”, dice Beatriz Ranea.

Se estima que el negocio de la prostitución mueve 22.800 millones de euros al año en España

“Desde una perspectiva feminista la prostitución debería ser considerada violencia contra las mujeres. Lo único que diferencia a los puteros de los violadores es el intercambio económico, pero al fin y al cabo, es lo mismo: acceder a cuerpos de mujeres que no les desean”, argumenta esta socióloga.

“El abolicionismo no es sólo prohibir sino garantizar a las mujeres que quieran salir el acceso a una red de apoyo y otras opciones dignas”, dice Beatriz Ranea, quien insiste en que no hay que criminalizar a las mujeres, pues estas son “víctimas de un sistema patriarcal”.

Aspira a implantar en España el modelo que funciona en Suecia desde 1999, donde se persigue al cliente, y que ha sido replicado por la vecina Francia. En Europa otros países mediterráneos como Italia o Portugal conviven con ese limbo alegal de España, mientras Alemania (a la que se conoce como “el burdel de Europa” por su amplia oferta y tarifas reducidas) y Holanda (donde existe un Barrio Rojo orientado a este negocio) hace tiempo que legalizaron la prostitución.

“En España todavía queda aún gran parte del camino por recorrer, en los últimos años hemos avanzado mucho en materia de igualdad pero acabar con la prostitución no se consigue de un día para otro”, admite Beatriz Ranea, para quien la abolición debe ir acompañada de una política pública integral que ofrezca otras alternativas a estas mujeres.

La otra cara: hacia la regulación

Cuando Irene Montero, la responsable de Igualdad en un gobierno que se considera feminista, reconoció en el Congreso que no iba a hacer “promesas que no pueda cumplir” se refería, precisamente, a la abolición de la prostitución en España.

La posición de los distintos partidos políticos es una buena muestra de la controversia que genera este tema en la sociedad española: mientras los socialistas del PSOE se decantan abiertamente por la prohibición, los liberales de Ciudadanos optan por la regulación, el conservador PP evita mojarse aunque se declara en contra de que sea legal y las distintas confluencias progresistas de Unidas Podemos basculan entre un extremo y otro, simbolizando la división dentro del propio movimiento feminista.

Soy abolicionista pero hay compañeras feministas que no lo son”, admite la ministra de Igualdad. Su recomendación de cerrar por la pandemia los prostíbulos ha levantado ampollas entre las asociaciones que defienden a las trabajadoras sexuales.

“Nos gustaría que la Sta. Ministra estuviera trabajando día y noche para ofrecer solución habitacional real y medios para su sustento mientras sus centros de trabajo están cerrados”, piden desde el sindicato OTRAS, una de las caras más visibles del movimiento a favor de la regulación.

Su posición es que las mujeres son libres para decidir lo que quieran hacer con su cuerpo y que, al victimizarlas, les arrancan su derecho a elegir y valerse por sí mismas. Critican que la pandemia ha extremado la vulnerabilidad y la precariedad en la que se mueven, ocultas bajo una cortina alegal que no las reconoce como trabajadoras.

“La nueva normalidad deja en evidencia la falta de políticas públicas adecuadas a la realidad de las personas que ejercen la prostitución”, advertía en junio la asociación Putas Indignadas.

Beyonce, una trabajadora sexual ecuatoriana, que continuó trabajando en Madrid durante la pandemia cumpliendo con un protocolo de seguridad. (AFP)

Hablan de mujeres migrantes que son cabeza de familia con varios hijos pequeños en situación de riesgo sin acceso al sistema de salud y otros derechos básicos, o de transexuales que trabajan en la calle expuestas a agresiones, al estigma y obligadas a la clandestinidad.

Durante la pandemia y especialmente tras el cierre esta última semana de los prostíbulos en Cataluña y Castilla La-Mancha (la comunidad con más locales), algunas asociaciones han denunciado que estas medidas de las autoridades les han dejado en una situación de mayor vulnerabilidad: muchas mujeres no pueden dejar de trabajar porque no tienen otro sustento, y ahora se exponen a más riesgos por tener que salir a la calle y ofrecer sus servicios en la clandestinidad.

Frente al modelo sueco de perseguir al cliente, algo que también las perjudica porque les obliga a buscar sitios apartados donde están más expuestas a las agresiones y no tienen capacidad para negociar las tarifas, defienden la legislación de Nueva Zelanda, donde desde 2003 es legal para cualquier nacional mayor de 18 años vender servicios sexuales, así como el trabajo sexual en la calle y administrar un burdel.

De esta manera, dicen, sus derechos estarían garantizados y ya no tendrían que cargar con el estigma y la necesidad de esconderse. Mientras el debate avanza en la sociedad decenas de miles de mujeres que viven de ello en España esperan una respuesta por parte de unos políticos que ven con preocupación los nuevos brotes del virus de cara al inicio del curso escolar y la vuelta al trabajo en septiembre.

Infobae

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