Jorge Yunda asegura que no dejará su cargo y cumple con presentación periódica a la justicia

Después de la resolución de la Corte de Pichincha, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, cumplió formalmente su primera presentación como parte de la medida cautelar que se le ordenó a él y a seis personas más por el presunto delito de peculado en la Secretaría de Salud de Quito en la adquisición de pruebas PCR para detección de Covid-19.

El juez Vladimir Jhaya ordenó en audiencia de vinculación la presentación periódica de Yunda cuatro veces por semana: los lunes, miércoles y viernes en las oficinas de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha y el domingo en la Unidad de Flagrancia de Pichincha, al norte de la urbe.

Además de la presentación periódica, también ordenó la prohibición de salida del país del alcalde quiteño y el uso del dispositivo electrónico o conocido como grillete electrónico.

YUNDA NO DEJARÁ EL CARGO

En una entevista radial, Jorge Yunda indicó que no pedirá licencia, ni dejará su cargo como alcalde de Quito. Esto ante las respuestas al pedido público hecho por el oncejal de Quito, Bernando Abad, para que Yunda haga uso de una licencia con sueldo o algún otro tipo de permiso hasta que se aclare su situación jurídica.

Yo en este caso debo defender mi honra, debo defender mi accionar. En ninguna parte de la investigación se dice que ha habido algún favorecimiento económico hacia mi o que haya otra circunstancia anómala. Aquí lo que se dice es, de lo que se pudo conocer, es que yo conocía que las pruebas no tenían la sensibilidad y así lo permití que lo sigan haciendo”, explicó Yunda en radio Sucesos, la mañana de este miércoles.

Fiscalía allana oficinas de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito

Agentes de la Fiscalía de Pichincha en apoyo con miembros de la Policía Nacional allanaron, la mañana de este viernes, varias oficinas de la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano de Quito, debido a que habían conocido, de manera reservada, que funcionarios públicos de esa instancia municipal habrían ocultado documentación con información técnica relevante sobre irregularidades en la adquisición de pruebas para Covid-19.

En el allanamiento en la Secretaría de Salud del Municipio de Quito se incautó documentación relacionada a la asesoría técnica para el análisis y procesamiento de pruebas para diagnóstico de Covid-19.

En uno de los documentos identificados se señala en su parte final: «Estos resultados son consistentes cuando comparados con los de la evaluación de este mismo producto, realizado por la Subsecretaría de Prevención y promoción de salud de México, que se indica que para cargas virales de 100 copias por reacción no se obtuvo un resultado positivo no para la región RdRP, ni para el gen N, por lo que podemos concluir que el kit Isopollo COVID-19 DETECTION kit no tiene el 99-100 % de sensibilidad declarado por el proveedor al momento del contrato».

La Fiscalía no ha informado si este allanamiento es parte de una nueva investigación previa sobre el tema o es una acción más dentro de algún proceso que está en etapa de instrucción fiscal.

El 13 de noviembre pasado, por el delito de peculado, el juez penal de Pichincha, Máximo Ortega, abrió una instrucción fiscal de 90 días y ordenó prisión preventiva para el exsecretario de Salud del Municipio de Quito, Lenín Mantilla, y Alejandro V., mientras que para Diego S., José M., Simón V., Enrique B. e Iván M. emitió medidas cautelares de presentación periódica una vez por semana y prohibición de salida del país.

La medidas fueron adoptadas una vez la Fiscalía formuló cargos contra todos, por aparentemente tener algún grado de participación en irregularidades cometidas en la adquisición por parte de la Secretaría de Salud del Municipio capitalino de 100 000 pruebas para Covid-19, en las que habría existido un sobreprecio.

En la adquisición de pruebas PCR que investiga la Fiscalía, el Municipio de Quito habría invertido más de $ 3.7 millones. Respecto a este tema, la Contraloría General del Estado emitió, a finales de julio pasado, un informe con indicios de responsabilidad penal en el que se establecían inconsistencias como que no se justificó la necesidad de la compra, los objetivos de la misma, ni tampoco la capacidad de procesamiento de resultados de las pruebas que se pensaba adquirir. 

El Universo

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